La Generalitat habría tratado de camuflar la malversación
La Guardia Civil afirma que el Govern maniobró para ocultar los gastos del 1-O El Gobierno avala la tesis de Montoro: «Ningún euro público financió el ‘procés’»
L a Guardia Civil no solo ha entregado al Tribunal Supremo un informe de nueve páginas sobre la malversación investigada en la causa contra el procés. También todos en los que desarrolla cada una de las partidas en las que basa la acusación por ese delito, negado por el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro. En el referido al Diplocat afirma que por parte de la Generalitat «se han llevado a cabo diversas prácticas para impedir conocer la trazabilidad del dinero público empleado en la consulta».
En él detalla los gastos en hoteles (2.416 euros en un establecimiento y 15.287, en otro), 50 comidas con alquiler de micrófonos (3.180 euros más 872) y los vuelos (18.835 euros) de los observadores internacionales contratados por la Delegación del Gobierno de la Generalitat ante la Unión Europea con la sociedad The Hague Center for Strategic Studies.
Según los investigadores, sus pesquisas sobre las transferencias ordenadas por Amadeu Altafaj –cesado por el artículo 155 como director de la Delegación– por 58.250 euros y por 61.450 a dicha sociedad se toparon con la Asesoría Jurídica de la Generalitat que respondió al requerimiento con un «en ningún departamento se ha producido coste económico en relación con el referéndum». La interventora general de la Generalitat explicó a la Secretaría de Estado de Hacienda que las transferencias se correspondían con un servicio de asesoramiento para el desarrollo de una estrategia de acción exterior multidimensional en el entorno de la Unión Europea que se inició en 2015. El contrato preveía un tercer pago por 47.365 euros que no llegó a hacerse.
Altafaj defendió el pasado 28 de agosto el contrato en que «en estos momentos hay que hacer un mayor esfuerzo (...) para dar a conocer la voluntad democrática del pueblo de Catalunya a decidir su futuro». La Guardia Civil concluye que ello «inequívocamente» obedece al 1-O y que se contrató a The Hague Centre «para la supervisión del referéndum, pero se definió el servicio como una estrategia de acción exterior multidimensional en el entorno de la UE» para encubrirlo.
OPACIDAD El que quien figura como persona autorizada en una de las cuentas de la entidad declarara que las transferencias «no responden a gastos que se dirijan a la financiación de ninguna actuación ilegal ni contraria a las decisiones de los tribunales» tampoco convence a los agentes. Consideran que se debe a «la opacidad de la Generalitat para que se conozcan los gastos empleados el 1-O, no dudando en desvirtuar, con declaraciones, los hechos que demuestran que sí fondos públicos».
Los requerimientos al Diplocat se contestaron diciendo que no había ningún responsable que pudiera facilitar la información solicitada, lo que motivó que la Guardia Civil solicitara registrar su sede para acreditar a qué obedecían los 95.162 euros pagados desde desde una de las cuentas del organismo. Y si finalmente se llegó abrir otra en Bruselas para eludir los efectos del 155. Esa es la explicación que dan a que el que era secretario general de Diplocat confiriera poderes a un empleado para ello.
El ministro portavoz del Gobierno, Íñigo Méndez de Vigo, avaló ayer la tesis de Montoro. «La información que tenemos es que no se ha utilizado ningún euro de dinero público» en el procés», afirmó antes de subrayar que corresponderá al juez determinar si hubo o no malversación. se emplearon