Anticorrupción pone la lupa en la Ciudad de la Justicia de Madrid
La fiscalía rastreará el destino de 90 millones para el recinto durante el Gobierno de Aguirre Cifuentes lleva a la justicia los posibles delitos de malversación y prevaricación
La Fiscalía Anticorrupción investigará por la vía penal la denuncia que el Gobierno de la madrileña Cristina Cifuentes le hizo llegar, al apreciarse posibles delitos de malversación y prevaricación, si hubo irregularidades en la construcción del Campus de la Justicia, el gran proyecto que en su día avaló la expresidenta de la Comunidad de Madrid Esperanza Aguirre, también del PP.
Según informó la fiscalía en un comunicado, dicha denuncia contiene el informe de la Cámara de Cuentas de la Comunidad en el que, entre otras cosas, se pone de manifiesto que se han llegado a abonar unos 90 millones de euros por la urbanización y construcciones de edificios en ese complejo, de los cuales solo hay uno concluido y que, pese a ello, no puede ser utilizado.
Lo más sorprendente del asunto es que la oposición en la Asamblea regional, esto es, Ciudadanos (que a la vez ha sido el principal sostén de Cifuentes y un PP en minoría hasta que se destapó el caso máster), PSOE y Podemos reclamaron conjuntamente hace tal solo un mes al ministerio público que iniciara pesquisas en torno al Campus de la Justicia, algo que no ocurrió. Y 30 días más tarde la presidenta madrileña, que se encuentra entre la espada y la pared de tener que dimitir y dejar el cargo o someterse a una moción de censura que a buen seguro perderá por su máster fantasma, imita el gesto y denuncia un proyecto del Gobierno Aguirre. ¿Por qué? La versión oficial es que se han confirmado las irregularidades apuntadas y se ha hecho lo que hay que hacer, esto es, reclamar que la justicia investigue. Pero es evidente que hay teorías ya para todos los gustos en el partido (desde una posible cortina de humo hasta el lanzamiento de un aviso interno) sobre las verdaderas intenciones de Cifuentes con tan sorprendente paso.
ENTRE EL 2005 Y EL 2015 El informe de la Cámara de Cuentas referido a la gestión de esa empresa pública entre los años 2005 y 2015 detecta también adjudicaciones de contratos al margen de los criterios establecidos en la ley de contratos del sector público y «diversas irregularidades contables y en materia de contratación de personal», según la fiscalía, que advirtió que podrían constituir delitos de prevaricación y malversación de caudales públicos y remitió la denuncia a Anticorrupción.
El Campus de la Justicia es un proyecto encargado en el 2007 por el Gobierno de Esperanza Aguirre que pretendía agrupar las 19 sedes judiciales dispersas por la capital en unos 200.000 metros cuadrados ubicados en el barrio de Valdebebas.