las claves del conflicto
1 Unas proporciones de otra época
El conflicto entre las plataformas de transporte de viajeros con licencias VTC y los taxistas se basa en una proporción, la famosa 1/30 (una licencia VTC por cada 30 de taxis). Los primeros afirman que con esta proporción no hay suficiente competencia y que el usuario pierde la oportunidad de elegir, y los segundos que «100.000 familias» viven del taxi y que su mercado está regulado. El número de licencias de taxis lleva más de 20 años estancado en Madrid y Barcelona (16.000 y 10.500, respectivamente).
2 La supuesta economía colaborativa
Las VTC nunca habían causado gran polémica. Pero el estreno con mal pie de Uber en España en el 2014 con su modelo de transporte con vehículos particulares cambió el escenario. La firma norteamericana acabó retirándose de su plan inicial, y tardó en volver pero en este caso con el modelo de empresa que usaba VTC. En el mercado español ya operaba Cabify con este modelo, y muchas empresas habían detectado que habría una oportunidad de negocio en este segmento. La situación legal ayudó a enrevesar el conflicto.
3 Vacíos legales que lo complicaron todo
Si el conflicto no era suficientemente complicado, hubo un hecho con el que se logró avivar la hoguera: un periodo de vacío legal durante el cual centenares de particulares y empresas solicitaron miles de licencias VTC. El Gobierno no las concedió, pero los solicitantes acudieron a los tribunales. La gran mayoría de las sentencias han sido favorables a los solicitantes, y estas son principalmente las licencias que han aprovechado empresas como Cabify y Uber para poder ofrecer sus servicios en España.
4 La CNMC apuesta por la modernización
La Comisión Nacional de la Competencia (CNMC) no ha escondido su opinión respecto al conflicto que, en resumen, sería que el sector del taxi tradicional debe adaptarse a los nuevos tiempos y que no se debe limitar la competencia ofrecida por las nuevas plataformas tecnológicas. De hecho, esta férrea defensa ha llevado al organismo que preside José María Marín Quemada a enfrentarse en los tribunales a Fomento. El decreto aprobado por el Gobierno blinda al sector del taxi. Por el momento.