La Audiencia Nacional asume la causa del 3%
El alto tribunal recibe el caso tras la inhibición de un juez de El Vendrell El auto judicial dictamina que se adjudicaron obras «torticeramente»
L a Audiencia Nacional investigará desde ahora la financiación ilegal de CDC, destapada en el caso 3%, según un auto emitido el pasado 18 de abril. En el escrito, al que ha tenido acceso El PERIÓDICO, se considera que los hechos investigados «podrían constituir» delitos de financiación ilegal de partido político, blanqueo de capitales, prevaricación, cohecho, malversación de caudales públicos, fraude contra la administración, alteración de precios en concursos y subastas públicas, tráfico de influencias y falsedad en documentos mercantiles.
El magistrado José de la Mata, titular del Juzgado Central de Instrucción número 5, ha aceptado recibir el caso del Juzgado número 1 de El Vendrell (Baix Penedès), después de que este se inhibiera a petición de la Fiscalía Anticorrupción, porque se trata, afirma en su auto, de «una conducta sistemática, estructural y organizada de manipulación de la contratación pública a gran escala (...) a lo largo de muchos años con participación de un partido político de Gobierno (Convergència), fundaciones (Catdem y Forum) y múltiples instituciones públicas (Generalitat de Catalunya, Ayuntamiento de Barcelona, Autoridad Portuaria, distintos municipios catalanes...), junto a decenas de empresas de ámbito nacional y autonómico».
CONSTRUCTORAS El caso del 3% investiga el pago por parte de diferentes constructoras de dinero para Convergència a cambio de conseguir obra pública. El principal imputado en el caso es Germà Gordó, que fuera gerente del partido político y miembro del Govern de Artur Mas. Otros de los investigados son el presidente del Port de Barcelona, Sixte Cambra, y el exconcejal de CiU en el Ayuntamiento de Barcelona Antoni Vives.
Según recoge el auto judicial, se investigan 24 contratos de obras por un valor total, hasta ahora, de unos 175 millones de euros. Las «donaciones» irregulares para Convergència «ligadas a esas adjudicaciones ascienden a más de un millón de euros». El juez De la Mata afirma en su escrito que las obras eran asignadas «torticeramente a cambio de donaciones para el partido político CDC y de prebendas personales para los actores participantes».
El magistrado destaca «la envergadura de la operativa» de CDC y «el impacto en el mercado de su maniobra criminal» y concluye que «la economía nacional se pudo ver alterada por el volumen de contratación que quedó fuera de las reglas de derecho y la justa y libre competencia».
En manos de la Audiencia Nacional queda desde ahora, por tanto, la investigación de posibles sobornos y donaciones ilegales en las obras de la estación del AVE de Girona, el contrato de recogida de residuos y limpieza en Olot, el mantenimiento de edificios escolares dependientes del Consorcio de Educación en Barcelona y el dique del este del Port de Barcelona, entre otros.