Ultimátum de la UE a Airbnb para que cumpla la ley
La Comisión exige a la plataforma de pisos turísticos una mayor claridad en los precios La UE opina que la multinacional transgrede normativas comerciales y sobre contratos
Bruselas tiene desde hace tiempo en el punto de mira a Airbnb. Tanto la Comisión Europea como las autoridades de consumidores consideran que la plataforma de alquiler de viviendas y apartamentos turísticos incumple varias normativas europeas y ayer le reclamó cambios para garantizar que ofrece información clara y transparente sobre precios y condiciones contractuales a sus potenciales clientes. La multinacional de EEUU tiene hasta finales de agosto para rectificar. Si no lo hace, podría enfrentarse a sanciones de las autoridades nacionales de protección de consumidores.
«Cada vez hay más consumidores que reservan su alojamiento de vacaciones a través de internet y este sector les ha traído más oportunidades. Pero la popularidad no puede ser una excusa para no cumplir con las reglas de la UE sobre consumidores. Los consumidores deben entender con facilidad cuánto y por qué van a pagar servicios y disponer de reglas justas sobre la política de cancelación por parte del propietario», avisó la comisaria de justicia y protección del consumidor, Vera Jourová.
Concretamente, según el Ejecutivo comunitario, hay tres normativas que la empresa con sede en San Francisco (California, EEUU) incumple: la directiva sobre prácticas comerciales desleales, la de términos contractuales desleales y el reglamento sobre la jurisdicción en materia civil y comercial. Según Bruselas, ni la presentación de los precios ni la distinción entre anfitriones privados y profesionales cumple los requisitos recogidos en la legislación europea.
INFORMACIÓN CLARA Por ello, la Comisión ha urgido a Airbnb a tomar medidas para modificar la forma en la que presenta información sobre precios en la búsqueda inicial en su sitio web, para garantizar que cuando se ofrecen propiedades se proporciona el precio total, incluidos los cargos y tarifas obligatorios aplicables como el servicio de limpieza o la tasa local aplicada en algunos destinos. Si no es posible calcular de antemano el precio final, deberá informar claramente al consumidor de que puede haber cargos adicionales. Además, la plataforma también tendrá que identificar con claridad si la oferta está hecha por un anfitrión privado o un
profesional, porque las reglas de protección al consumidor difieren en ambos casos.
Además, la plataforma también tendrá que introducir aclaraciones en relación a la normativa sobre todo lo relacionado con los términos contractuales. Esta norma exige que los términos y condiciones estándar no creen un desequilibrio significativo entre los derechos y obligaciones de las partes, en detrimento del consumidor, y que los términos estén redactados con un lenguaje sencillo e inteligible.
Bruselas exige a la empresa que modifique los términos en varios aspectos. Por ejemplo, Airbnb no deberá inducir a error a los consumidores acudiendo, en caso de discrepancias, a un tribunal de un país distinto al de residencia. Por último, la plataforma deberá garantizar la inclusión de un enlace de fácil acceso a la plataforma de resolución de disputas en línea en su sitio web con la información necesaria.
A través de un comunicado, la compañía ha asegurado que se toma «muy en serio este tema» y que está comprometida con «ser lo más transparentes posibles». En este sentido, los representantes de Airbnb aseguran que «los huéspedes son conocedores de todas las tarifas, incluidos los cargos por servicio e impuestos, antes de confirmar su decisión de reservar un alojamiento» y se comprometen a trabajar con las autoridades para aclarar las dudas sober todas estas cuestiones.