El plan b del Gobierno deja en el aire su acuerdo con Podemos
Una prórroga presupuestaria puede llevar a aparcar medidas sociales Las subidas de impuestos pactadas tienen más fácil salir adelante con decretos
El Gobierno insiste en su objetivo de sacar adelante un nuevo Presupuesto del Estado para el 2019 pero poco a poco se abre paso la vía del plan b de la prórroga.
El propio presidente Pedro Sánchez ha admitido que si no logra apoyos parlamentarios, el Gobierno seguirá adelante con su pretendido giro social de las cuentas a través de acuerdos parciales. «Nuestra responsabilidad es atender a las urgencias sociales y si no es a través de los Presupuestos será a través de modificaciones presupuestarias», dijo el pasado miércoles.
Lo cierto es que el 2019 se estrenará con una prórroga de los Presupuestos del 2018 formulados por Mariano Rajoy, toda vez que el proyecto socialista no prevé ser enviado al Congreso de los Diputados antes del 10 de diciembre. La prórroga presupuestaria automática prevista en la Constitución se mantendrá en tanto el Parlamento no apruebe unas nuevas cuentas. En este contexto cabe preguntarse qué pasará con las medidas pactadas con Unidos Podemos.
¿Se podrán crear nuevos tributos?
La creación de los nuevos impuestos sobre servicios digitales y sobre transacciones financieras queda al margen del trámite presupuestario. El Gobierno prevé llevar al Congreso dos proyectos de ley para cada uno de estos nuevos tributos.
Sacar adelante el resto de las subidas de impuestos o de aumento del gasto social requerirá de sucesivos decretos leyes y modificaciones presupuestarias que, en el primer caso, deberán ser ratificados por el mismo Parlamento fragmentado que habría rechazado tramitar unos Presupuestos Generales.
Existe discrepancia entre los expertos consultados sobre si la mayor recaudación asociada a estas figuras permite elevar el límite de gasto en caso de prórroga. La regla general parece impedirlo, si bien alguna fuente experimentada en la técnica de la prórroga presupuestaria admite que sí hay margen para elevar el gasto a cuenta de una previsión justificada de mayores ingresos.
¿Y el salario mínimo de 900 euros?
Sánchez ha dicho que esta medida se aplicará a partir del 1 de enero «con o sin Presupuestos», pues esta iniciativa, de escasa incidencia presupuestaria, se articula habitualmente a través de un decreto gubernativo.
¿Se subirá el IRPF a las rentas altas?
Técnicamenteno hay nada que impida que así sea. Bastaría con introducir esta medida en un decreto ley que justifique la extraordinaria y urgente necesidad de subir este gravamen y, posteriormente, lograr los apoyos parlamentarios para su aprobación en el Congreso de los Diputados. Si se toma como precedente el decreto ley de 69 páginas de 30 de diciembre del 2011 con el que Mariano Rajoy se estrenó en el Gobierno en una situación de prórroga presupuestaria, se podría llegar a la conclusión de que por decreto ley se puede hacer cualbien quier modificación de un tributo, desde cambiar la tarifa del IRPF hasta subir un impuesto local, como el de bienes inmuebles (IBI).
¿Qué pasará con las pensiones?
La subida de las pensiones del 1,6% en el 2019 está asegurada aun en caso de prórroga, pues está recogida en la ley de Presupuestos del 2018 que será prorrogada el 1 de enero (disposición adicional 51). Otra cuestión es la medida pactada con Unidos Podemos para compensar a los pensionistas con una paga por la desviación del IPC en el 2018. La urgente necesidad de adoptar esta medida (704 millones) debería ser justificada en un decreto ley antes de votarse en el Congreso. Lo mismo para las subidas de las pensiones mínimas y de viudedad.
¿Volverá el subsidio a mayores de 52 años?
Esta es una de medidas prioritarias para Sánchez, que podría ser objeto de un decreto ley y de una modificación presupuestaria para garantizar su aplicación en el 2019 en caso de prórroga. En dicha modificación, el Gobierno debería decir qué otra partida causará baja para dar cabida a sus 323 millones de euros de coste.
El mismo procedimiento debería cumplirse en caso de querer sacar adelante otras medidas como el ingreso mínimo vital para familias desfavorecidas, el aumento del permiso de paternidad a 8 semanas, el incremento de ayudas a la dependencia, la supresión del copago farmacéutico o la mayor dotación para la educación pública. La dificultad para cumplir este procedimiento en tantas partidas lleva a pensar que una prórroga dejaría en el aire buena parte del mayor gasto social pactado con Unidos Podemos.
¿Habrá medidas para el alquiler?
Es posible, pues la mayor parte de lo acordado con Unidos Podemos en esta materia son cambios normativos que afectan a las reglas de este mercado (como elevar a cinco años el plazo del contrato) y que quedan al margen del marco presupuestario. Se trata de iniciativas que no suponen ningún tipo de coste para las arcas del Estado y que, por tanto, no requieren una partida presupuestaria.
¿Subirá el sueldo de los funcionarios?
El Gobierno lo puede hacer, pero no es automático. También en este caso es preciso un decreto ley y la modificación presupuestaria en la que se justifique qué partida se da de baja a cambio del incremento salarial. En una proposicion no de ley presentada el 7 de noviembre, el PP plantea que en caso de prórroga se respete el alza de hasta el 2,5% acordada el pasado marzo con los agentes sociales.
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