Una medalla para Lesmes
Estaba escrito. Solo podía quedar en pie uno de los dos: el interés de la banca o la credibilidad del poder judicial. Y esta última se quebró en añicos. Esta es la primera conclusión del esperpento del Tribunal Supremo y el impuesto de los préstamos hipotecarios. La confianza en la justicia cae en barrena en vísperas del juicio de los líderes independentistas catalanes. La instrucción judicial ya había levantado críticas fundamentadas a la desmesura de las imputaciones. Ahora, el vodevil del Supremo rearma la propaganda secesionista de negación de la democracia española.
Vaya servicio le han prestado al Estado (y a la ciudadanía hipotecada) el presidente del Supremo, Carlos Lesmes, y el de su Sala Tercera, Luis María Díez-Picazo. Al Gobierno de Quim Torra le ha faltado tiempo para anunciar una demanda contra ambos jueces. Más que una querella, debería imponerles una condecoración. El auxilio prestado por Lesmes y Picazo a la causa independentista no es menor.
El episodio del Tribunal Supremo brinda más conclusiones. Una encierra un viejo axioma popular: la banca siempre gana. O, si lo prefieren, el cliente siempre paga. ¿Cabía esperar alguna cosa distinta después de la resignación oficial a que los bancos no devuelvan 40.000 de los 55.000 millones de euros públicos recibidos en concepto de rescate? El cliente seguirá pagando incluso después de la reforma de Pedro Sánchez que carga a partir de ahora el tributo a los bancos. No de forma nominal, faltaría más, pero sí mediante alzas de los tipos de interés o de las comisiones bancarias o de lo que se tercie. La operación ya está en marcha. UNA TERCERA
conclusión del sainete, no menos ilustrativa, muestra el dominio táctico, la agilidad y la astucia que presiden el pulso entre el PSOE y Podemos por el electorado de izquierda después de haber sellado su alianza presupuestaria. La relampagueante velocidad de Pablo Iglesias al convocar una manifestación ante el Supremo fue neutralizada al punto por Sánchez con la reforma legal del tributo.
Entre tanto, la salud democrática del país reclama a gritos una reforma inaplazable del poder judicial.
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