Una financiación equitativa entre pública y concertada

El presupuesto de Ensenyament para el 2019 insistirá, según las previsiones hechas por la ‘conselleria’ en «avanzar hacia la gratuidad real de las enseñanzas obligatorias a partir de una financiación equitativa de los centros, tanto públicos como concertados».

Esto significa, según han reclamado insistentemente los expertos en el sistema educativo y ha apuntado Bargalló ya en alguna ocasión, que la financiación de escuelas e institutos no será lineal (lo mismo para todos), sino que se hará en función del tipo de alumnado que cada uno escolariza: a mayor complejidad, más fondos.

Aunque los conciertos educativos con las escuelas no caducan hasta el curso 2020-2021, Ensenyament trabaja también con la previsión de aprobar un nuevo decreto que regule la rescisión de la financiación «con aquellas escuelas que segregan por sexo o bien que cobran unas cuotas abusivas a las familias», según recogen las directrices pactadas entre Ensenyament y Economia. «Se incrementarán los recursos en aquellos centros que atienden sectores de la población más frágiles socialmente, lo que se conoce como centros de alta complejidad, que requieren más personal y más recursos para ofrecer servicios a las familias, tales como libros de texto gratuitos», agrega. 81,7 millones de euros) fuera derivado a los conciertos educativos, es decir a las escuelas privadas que reciben fondos públicos. El departamento argumentó que los fondos eran para pagar nóminas de los empleados de las concertadas.

La controvertida decisión de la ‘consellera’ Rigau fue llevada ante el TSJC por un puñado de ayuntamientos –entre ellos los de las cuatro capitales de provincia (salvo Girona) y los de las principales ciudades metropolitanas– después de que, de buenas a primeras, se encontraran teniendo que cubrir la parte de financiación que correspondía a la Administración autonómica, para evitar que la medida repercutiera en las familias de los alumnos. Hasta entonces, la financiación de las escuelas infantiles municipales se regía por un modelo pactado en el 2009, que establecía que, de los 5.400 euros por alumno y curso que cuesta cada plaza escolar de cero a tres años, la Generalitat aportaba un tercio del importe, mientras que consistorios y progenitores asumían los otros dos tercios.

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