Una excepción difícil de explicar
La Unión Europea ha sido pionera en la protección de los datos personales en las plataformas digitales. El Reglamento General de Protección de Datos –conocido por sus siglas en inglés GDPR– entró en vigor el pasado mes de mayo y se ha demostrado suficientemente garantista a la par que eficaz. Se basa en un principio muy simple: los datos son propiedad de las personas, que pueden cederlos a quien quieran para lo que quieran, pero siempre deben dar su «consentimiento explícito» para su uso y en todo momento deben tener la posibilidad de desdecirse. Lo que algunos decían que era poner puertas al campo ha impulsado la acción responsable de todos los implicados en el entorno digital: plataformas, buscadores, editores y anunciantes. Los malos presagios de los que se oponían a esta norma no se han producido ni tampoco ha habido un alud de multas, lo cual quiere decir que el principio en el que se basa el reglamento europeo cuenta con el suficiente consenso para no exigir la continua acción de la justicia.
En este contexto cuesta entender que el Senado español haya aprobado esta semana la ley de protección de datos y garantías digitales, que establece una excepción a la norma europea en el caso de los partidos políticos, que sí que podrán utilizar datos personales sin el consemiento de los ciudadanos para sus campañas electorales. Una norma que cuenta con un inusitado consenso en el que participan todos los grupos parlamentarios, excepto Unidos Podemos y Bildu. Más allá de las críticas del partido morado sobre la elaboración de «perfiles ideológicos» –multitud de operadores digitales los realizan a diario–, lo cierto es que poner desde un Parlamento nacional una excepción de este calado a un reglamento europeo –que es de aplicación directa y no necesita trasposición alguna– es una anomalía. Las causas pueden ser diversas. Desde la simple ignorancia del tamaño del empeño hasta esa inercia de los partidos en España a construir exepciones legales para amparar su actividad, una práctica que va desde los aforamientos hasta la excepción del pago del IBI. Son este tipo de comportamientos los que alimentan la desconfianza de la ciudadanía, que una y otra vez ven a los políticos como una «clase privilegiada» que no se somete al imperio de la ley, sino que se la hace a medida. Una vez más, lo digital pone en jaque las malas prácticas heredadas del mundo analógico.
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La ley que permite el ‘spam’ electoral en España alimenta el recelo de los ciudadanos hacia los partidos políticos