Amianto y justicia: sin protocolo de actuación

Una de las razones que más impotencia genera en relación a las víctimas de cualquier abuso es el miedo a denunciar por las represalias de quien tiene alguna forma de poder. Cabe hacer un plus de cargo a la clase política e institucional, pues se les supone superioridad moral. Sin entrar en cuestiones de política cruda, recordar casos de sentencias firmes muy mal acogidas por el colectivo de víctimas y un tanto maltratadas por los medios, pues la responsabilidad subsidiaria correspondía al Estado y fueron resueltos con muchos flecos judiciales y silencios mediáticos: afectados por la Talidomida, fraude económico del aceite de Redondela (caso Reace), fraude alimentario del aceite de colza... Casos en que el factor común fue la desaparición física de pruebas, incluso de testigos.

La última sentencia en contra de un extrabajador afectado por abestosis en la sala 4 de la Audiencia

de Donostia exime a la empresa de idemnizar a una víctima, jubilada a los 52 años con incapacidad permamente por enfermedad común. En el 2018, el INSS le otorgó la incapacidad permamente total con 74 años, siendo incluido en la lista de trabajadores con enfermedad profesional por exposición al amianto, enfermedad que exige muchos cuidados y medios económicos. Para lo primero, se ha avanzado mucho en los cuidados paliativos; para lo segundo, tiene mucho que ver la orientación de las sentencias judiciales. Que no exista un protocolo de actuación permite anomalías como el que se dé una inversión de resoluciones judiciales en una misma Audiencia para hechos análogos a juzgar con diferentes víctimas y la misma empresa como causante de la actividad victimaria.

Iulen Lizaso

Pensionista. Hernani (Guipúzcoa) A pie de calle