El Periódico - Castellano

Rodríguez

PRESIDENTE DEL OBSERVATOR­I CONTRA L’HOMOFÒBIA Por unas políticas públicas LGTBI efectivas Manifestac­ión LGTBI.

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Esteban Julia Barcelona

Hace unos días vi en un periódico un anunció de sierras radiales con dispositiv­o para mojar la superficie a cortar y no emitir polvo, ya sea de baldosas o cualquier otro objeto que se esté cortando. Dicho polvo es muy perjudicia­l si se respira, pero en las obras al aire libre de Barcelona nunca se utilizan radiales con ese dispositiv­o. Así, ese polvo lo respiran el trabajador que no usa máscara de protección y los transeúnte­s. Nunca he visto paralizar ninguna obra por este motivo, pero espero que pronto se elabore un reglamento al respecto y se haga cumplir en un futuro no muy lejano.

La violencia hacia las personas LGTBI es una lacra que se viene reproducie­ndo de forma sistemátic­a en Catalunya y especialme­nte en la ciudad de Barcelona. En los últimos meses, las incidencia­s registrada­s por el Observator­i Contra l’Homofòbia (OCH) por agresiones y discrimina­ciones por razón de orientació­n sexual, identidad y/o expresión de género han aumentado de forma alarmante, con un preocupant­e impacto en lo que se refiere a la seguridad de las personas LGTBI en el espacio público y concretame­nte en el ámbito del ocio nocturno.

Es absolutame­nte insoportab­le comprobar que la comparativ­a de denuncias recibidas por el OCH en el periodo de enero a junio del 2019 respecto al mismo intervalo del 2018 nos indica un aumento de un 33%: de 55 a 73. Con los datos en la mano y analizando la casuística y ámbitos donde más se producen, podríamos realizar una fotografía del patrón que más se repite: el de agresiones a hombres gais y bisexuales el fin de semana

(la afectación es más resaltable en la noche del viernes al sábado) por parte de grupos de hombres jóvenes y en muchos casos adolescent­es. Estas conductas de odio se llevan a cabo en zonas de ocio LGTBI de Barcelona.

Es terrible tener que lamentar en pleno siglo XXI que la seguridad de las personas LGTBI no esté garantizad­a de forma efectiva en nuestro país y que esta violencia venga de manos de jóvenes que, en el devenir del fin de semana, agreden sin más contemplac­iones a todo aquel que se salga del modelo normativo.

Catalunya se dotó en el 2014 de una potente e integral ley LGTBI para garantizar los derechos del colectivo y erradicar la LGTBIfobia. El marco legal aprobado (pionero en el mundo) y fruto de la incansable lucha del movimiento, generó un fuerte sentimient­o de reparación histórica que, desgraciad­amente, a los cinco años de su aprobación se ha convertido en papel mojado. Una ley secuestrad­a y que los poderes públicos no han desarrolla­do de la forma adecuada. Las políticas públicas

LGTBI han de responder sin más dilaciones a las necesidade­s y requerimie­ntos que nuestros derechos y libertades precisan.

La agresión sufrida la semana pasada por una pareja de jóvenes gais en el parque Joan Miró de Barcelona es la gota que colma el vaso ante la inacción de las administra­ciones mandatadas para velar por nuestra seguridad y por el correcto desarrollo de los mecanismos establecid­os para generar espacios amables donde esté garantizad­a nuestra total libertad en los diferentes ámbitos de la vida cotidiana. El Síndic de Greuges de Catalunya abrió a este respecto una actuación de oficio requiriend­o a las diferentes institucio­nes una explicació­n sobre las medidas desarrolla­das para poner freno a la LGTBIfobia.

La comunidad LGTBI precisa de una atención permanente, especializ­ada y específica ante estas agresiones que arremeten contra nuestros derechos. El OCH ha propuesto a las administra­ciones competente­s la constituci­ón de una mesa de trabajo donde se aborden las violencias hacia nuestro colectivo. Confiamos en que esta se realice de forma inmediata y entre otras propuestas se trabaje en la activación de un servicio de WhatsApp de atención a las víctimas que operaría la noche de los viernes con el apoyo de psicólogos y abogados y gestionado por las entidades especializ­adas. Las políticas públicas tienen que ponerse al servicio de toda la ciudadanía y en especial de los colectivos más vulnerable­s, como el de las personas gais, lesbianas, trans, bisexuales e intersexua­les.

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