La rebelión de los 85 temas
Para trabajadores sociales de la Generalitat destapa un conflicto laboral que retrata el elevado número de interinos JOAN MATEU PARRA sociales del sector público.
El próximo 20 de junio se cierra el plazo para apuntarse a la primera oferta pública de empleo en 20 años para trabajadores sociales de la Generalitat. Es una convocatoria de 173 plazas (con 85 temas a estudiar) que ha hecho eclosionar un conflicto laboral latente durante años y que pone ante el espejo la elevada temporalidad que arrastran las diferentes administraciones públicas en España. El inicio de este proceso puede provocar que decenas de trabajadoras interinas, pues fuentes del sector coinciden en señalar que este gremio está ampliamente copado por mujeres, pierdan el puesto de trabajo que han ocupado durante años.
Este mes son 173 plazas, pero mañana podrían verse afectados por nuevas convocatorias alguno de los 54.000 interinos que actualmente están empleados en la Generalitat. Estos representan el 24% de la plantilla, entre funcionarios y personal laboral, según detallan fuentes de la Conselleria de Polítiques Digitals i Funció Pública. No es un problema que arrastre únicamente esta administración, pues según la última Encuesta de Población Activa (EPA), en Catalunya hay 107.100 ocupados en el sector público con un contrato temporal, el 23,2% del total de empleados públicos.
Episodios recientes como el del pasado 23 de mayo, cuando una veintena de delegados sindicales se encerraron en la sede de la Diputación de Barcelona para paralizar una convocatoria de 660 plazas públicas, dan fe de ello. Dicha protesta vino motivada porque las bases del concurso premiaban más el estudio que la experiencia.
cuenta Ana (nombre ficticio). Ana es una de las 173 interinas afectadas por la convocatoria, entre las que se concentran varias personas con décadas de experiencia en la plaza y con una edad complicada para volver al mercado laboral.
Difícil solución
Esta oferta de empleo público ha llegado a motivar una moción contra la precariedad laboral en el Parlament, que aprobaron todos los grupos políticos, salvo el PP. En dicho texto, la cámara catalana instaba a la Generalitat a regularizar las altas bolsas de interinos mediante concursos especiales de méritos. Algo que constata la contratación fraudulenta de las administraciones, pues estas tienen la obligación de estabilizar a los interinos si estos ocupan un puesto estructural. A la vez que genera dudas legales y posturas enfrentadas sobre la fórmula para regularizarlo, tanto entre la ‘conselleria’ y entre los sindicatos.