Economía de laboratorio

En los laboratorios, fuera del mundo real, se pueden ensayar fórmulas con resultados exitosos. Entre cuatro paredes, sin los condicionantes del clima, la regulación y otras muchas variables cotidianas, se puede perder la perspectiva.

Esta semana se ha conocido un trabajo sobre Correos de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (Airef), un organismo de control cuyo objetivo es garantizar el principio de estabilidad presupuestaria y la sostenibilidad financiera del país ¿Sus conclusiones? Básicamente reducir a la mínima expresión lo que se conoce como servicio postal universal (SPU) o al menos su coste. Y se ha generado polémica por su crudeza.

La cuestión es si estos análique

sis, que a veces tienen, por ser suaves, cierto aroma liberal, serán tenidos en cuenta por el Gobierno. Aunque sea cierto que el servicio está afectado por una demanda decreciente, no es menos verdad que la compañía puede ser un agente de peso en el boom del reparto fomentado por el comercio electrónico y, por tanto, un gran competidor para el sector privado.

Algo parecido sucede con el análisis del Banco de España sobre la supuesta nocividad de la subida del salario mínimo interprofesional (SMI). La autoridad monetaria, no solo no ha rectificado o matizado sus apocalípticas estimaciones a pesar de que los datos de empleo no los ratifican por ahora, si no que se muestra convencida de que, tarde o temprano, se cumplirán. La Airef, al menos sí que admitió que quizás había exagerado sus previsiones sobre esta cuestión y se agradece que lo haga.

No hay que olvidar que estamos ante economías de laboratorio. Son necesarias porque los expertos y los organismos deben analizar los impactos de las políticas presupuestarias la forma cómo se gestiona el gasto público y muchas otras cuestiones en aras a una mayor eficiencia del sector público. Pero también es bueno que reconozcan los errores si es que los cometen y que emitan opiniones técnicas, no impartan doctrina.

No se deben confundir los objetivos y los roles. A estas entidades les corresponden las opiniones técnicas, por polémicas que estas sean y en muchas ocasiones tan economicistas que parecen alejadas de la realidad social, pero en todo caso no son ley, como advertía esta semana en estas páginas el economista Jordi Alberich.

Es a la política a la que, pese a su visión en principio más ideologizada y cortoplacista, le toca tomar las decisiones que deben guiarse por el interés general, sin parapetarse tras comisiones de expertos y de expertos que deben limitarse a aconsejar. Pero eso sí, quizás deberían hacerlo con mucha menos ideología.

A la política es a la que le corresponde tomar las decisiones guiadas por el interés general