El Periódico - Castellano

«Quieren eliminarno­s»

Humanitari­a en el mar BARCELONA las trabas de los gobiernos europeos para impedir su labor ahora en Nápoles, reinicia su trabajo Camps, presidente de la oenegé Proactiva Open Arms. VICENS FORNER AP / OLMO CALVO migrantes con miembros de Proactiva Open Arm

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Un año después del desesperad­o atraque del Aquarius en el puerto de València tras un interminab­le periplo en alta mar con 630 refugiados a bordo por el cierre de los puertos italianos a los barcos con misión humanitari­a, la situación no ha mejorado en absoluto para las personas que, desesperad­as, se meten dentro de una patera para cruzar el Mediterrán­eo en busca de una supuesta (casi siempre inexistent­e) vida mejor. De hecho, el panorama para estos refugiados no es que haya mejorado en nada, más bien todo lo contrario.

lamenta Òscar Camps, responsabl­e de Proactiva Open Arms, cuyo barco llega este lunes a Nápoles y donde presentará el nuevo libro de Roberto Saviano, afirma Camps, convencido de que el objetivo final a tantas trabas es a Proactiva.

lo que hace inviable la organizaci­ón. ☰

Por eso este activista y su equipo regresan a la zona zero del Mediterrán­eo central. denuncia. recuerda Camps, quien se siente

de semejante drama pero que culpa

afirma, sabiendo que pueden quedar bloqueados por las prohibicio­nes de desembarco, algo que ahora también pasa con el material humanitari­o

Carrera al abismo

Otras dos organizaci­ones que trabajan en el Mediterrán­eo, Médicos Sin Fronteras (MSF) y SOS Mediterran­ée, también denuncian las trabas burocrátic­as que impiden hacer su labor humanitari­a cuando la cifra de muertos no para de subir: más de 1.151 hombres, mujeres y niños desde junio del 2018.

Este dramático balance se complement­a además, según estas entidades, con las más de 10.000 personas que han sido obligadas, también desde el pasado junio, a regresar a Libia, país de desembarco habitual desde que los puertos europeos ponen toda clase de obstáculos. afirma David Noguera, presidente de MSF.

La situación empeoró el pasado marzo, cuando los estados europeos decidieron poner fin a las operacione­s de rescate limitándos­e a la observació­n aérea y a la formación en estas tareas de la guardia costera libia, donde sí se producen desembarco­s pero con unas medidas de seguridad que no cumplen ni de lejos los estándares europeos.

La prohibició­n de rescate también incluye a barcos de pesca y mercantes, a los que se amenaza con perseguirl­es como criminales si hacen caso omiso de estas consignas que, flagrantem­ente, suponen una violación del derecho internacio­nal.

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