Los deberes de la alcaldesa
Nuevo gobierno en la capital catalana Los movimientos sociales y vecinales ponen sobre la mesa sus prioridades Frenar la contaminación y gestionar la vivienda y el turismo, los grandes retos
El 15 de junio del 2015 era lunes, primer día laborable de Ada Colau como alcaldesa. Maria Mas, veterana activista vecinal de Ciutat Vella junto a la que hasta hacía nada portavoz de la PAH había compartido un millón de trincheras, entraba por registro en la recién tomada Casa Gran una carta para la ya alcaldesa firmada por la Plataforma contra el Hotel del Rec Comtal. En aquel entonces hacía poco que habían empezado las obras de construcción del macrohotel en una de las puertas de entrada al Casc Antic pese a la firme y persistente oposición vecinal, que llegó incluso a los juzgados. En ella, le pedían a la alcadesa que las parara, obvio. Cuatro años más tarde, pese a que el fiscal dio la razón moral a los vecinos confirmando las irregularidades administrativas en la operación urbanística que permitió la construcción, el Rec Barcelona –nombre oficial del hotel de Núñez y Navarro– es una realidad. Un hotel más en Ciutat Vella a pleno rendimiento, anunciado en su web como «adults only» en la Barcelona que buscaba ser una ciudad para niños.
Este lunes, muy distinto al de hace cuatro años, Colau no encontrará en su despacho ninguna carta de Mas. Sí tendrá, eso sí, una larga lista de reivindicaciones urgentes y tangibles de los movimientos sociales y vecinales de la ciudad, de la emergencia climática a la habitacional.
LA VIDA EN EL CENTRO Pese a no haberle escrito, si Mas tuviera hoy la oportunidad de hablar con la alcaldesa, le pediría una residencia asistida para personas mayores. «No tenemos ninguna pública en toda Ciutat Vella», señala esta activa vecina, quien tiene claro dónde debería levantarse: en los solares de los viejos juzgados, de propiedad municipal.
Además de la no paralización de la construcción del hotel, Mas critica de la gestión municipal llevada a cabo durante el anterior mandato la aprobación de la polémica ordenanza de terrazas –mucho menos restrictiva de lo que los movimientos vecinales pedían–, con el apoyo de todos los grupos a excepción de la CUP, hoy fuera del consistorio. No parece que el pacto con el PSC lleve a modificar esa normativa (o al menos no en la dirección que querrían estos vecinos).
Si pudiera seguir hablando con Colau, Mas le pediría rescatar el plan para la Rambla, «que quedó en un cajón tras muchas horas de trabajo y muchas reuniones», y «acabar con el tráfico infernal de la Via Laietana, una herida insoportable en Ciutat Vella, además de una fuente de contaminación».
EMERGENCIA CLIMÁTICA La contaminación es uno de los tres ejes fundamentales que los movimientos sociales de la ciudad pusieron sobre la mesa la semana pasada. Lo hicieron en una rueda de prensa en la que presentaron sus demandas al nuevo gobierno de Barcelona, en la que pidieron a los grupos políticos, en aquel momento en plenas negociaciones, que hablaran sobre eso, sobre los problemas de los habitantes de la ciudad (los grandes ausentes en esas reuniones). En concreto apuntaron como urgencias la emergencia climática y la justicia ambiental; las desigualdades y la justicia social, y la emergencia habitacional, el alquiler y el turismo. La lista clara de demandas, presentadas en el local de la FAVB, estaban firmadas, además, por Aigua és Vida, Aliança contra la Pobresa Energètica, Assemblea de Barris per a un Turisme Sostenible, la PAH, el Sindicat de Llogateres y la Xarxa per la Sobirania Energètica. Estarán pendientes de que Colau y Collboni tomen buena nota de ello y, sobre todo, se pongan manos a la obra.
Entre las medidas concretas para reducir la contaminación, las entidades proponen la lucha contra los grandes contaminantes «limitando al máximo el tráfico de vehículos movidos por energías fósiles, la llegada de cruceros y la generación de energía mediante incineración».
La FAVB pide que el dinero recaudado con la tasa
turística se destine a levantar vivienda pública de alquiler
Vecinos del Raval ocupan la capilla de la Misericòrdia
desde hace meses y la reivindican para el nuevo CAP
PISOS PÚBLICOS DE ALQUILER En el eje de la emergencia habitacional y el turismo, una de las medidas concretas presentadas por los movimientos sociales es la cesión por parte de la Generalitat al ayuntamiento de la gestión del 100% de la recaudación de la tasa turística para destinarla por ley a finalidades como aumentar el raquítico parque público de alquiler, uno de los retos mayúsculos del mandato (y una de las críticas históricas de los comunes a sus ahora socios socialistas, a los que siempre han criticado haber vendido durante décadas la vivienda pública de
la ciudad, privatizándola).
Otro de los retos en clave de barrio (aunque va mucho más allá) que marcaron las últimas semanas de Gala Pin como concejala de Ciutat Vella y que es una patata caliente que sigue sacando humo es el futuro del CAP Raval Nord. Vecinos y trabajadores del centro –una piña– siguen ocupando la capilla de la Misericòrdia, cedida al Macba. Llevan dentro casi tres meses, convencidos de que «la salud no tendría que depender del barrio en el que vives» (según un estudio de la Agencia de Salud Pública un vecino de un barrio pobre vive de media 11 años menos que uno de uno rico). «Esta idea debería ser prioritaria para el nuevo gobierno. Por ese motivo, no aceptamos la ubicación en el cubo [en el terreno alargado pegado al Macba] y continuamos reivindicando el CAP en la Misericòrdia ya», señalan. Habrá que ver la posición del nuevo equipo de gobierno, ya que las posiciones del PSC y los comunes sobre el asunto eran opuestas.
Literalmente cuatro días después de las elecciones, varias entidades de la ciudad presentaban a los pies de la torres venecianas de la plaza de España la campaña #LaFiraoLaVida. Pedían, piden, al nuevo equipo de gobierno que abra un debate ciudadano sobre el futuro de las 27 hectáreas, 21 manzanas del Eixample, del recinto de congresos aprovechando que el contrato de alquiler de los terrenos, de propiedad municipal, vence en el 2025. Los firmantes –de Som Paral·lel a la Barceloneta Diu Prou– ven en el inmenso espacio una oportunidad para cambiar de modelo. Proponen convertir los viejos pabellones en un nuevo barrio, donde cabrían hasta 10.000 pisos públicos de alquiler. Otra vez la vivienda.
En el mismo distrito, Josep Maria Domingo preside el Centro Social de Sants. En el barrio estos días están de fiesta. Nada que ver con lo del sábado en Sant Jaume. Celebran, ellos sí con alegría, el octavo aniversario de la conquista de Can Batlló. Entraron al viejo recinto fabril el mismo día que Xavier Trias llegó a la alcaldía, hace ya dos mandatos. Durante las últimas semanas del primero de Colau lograron algo grande: la cesión por 50 años del equipamiento al vecindario organizado (con la abstención de ERC, incomprensible para muchos en el barrio). «Ahora tendrán que afrontar la transformación de la nave central en el súper archivo prometido, lo que supondrá una inversión enorme», destaca Domingo, quien, más allá de Can Batlló, llama al nuevo equipo de gobierno a poner solución a una de las asignaturas pendientes en el barrio, pero que es una cuestión de ciudad: los entornos estación de Sants. «Llevamos años y años pidiéndolo, pero siguen igual. Es vergonzoso. Seguiremos insistiendo», subraya.
Los vecinos de Sants recuerdan «la vergonzosa»
situación de los entornos de la estación de tren
En Ciutat Vella denuncian la
herida abierta que supone la autopista urbana que es aún la Via Laietana