Imputadas 15 empresas por las comisiones del 3% a CDC
La Fundación ACS, Copisa, Teyco y Urbaser, entre las firmas investigadas Registro de la Guardia Civil el 21 de octubre del 2015 en la entonces sede nacional de CDC. El juez sostiene que la cúpula convergente creó una «estructura para financiar ilegalment
El juez de la Audiencia Nacional José de la Mata ha imputado a 15 empresas y entidades, entre ellas la Fundación ACS y las constructoras Copisa, Teyco y Urbaser, por la llamada trama del 3%, de presuntos pagos de comisiones a la extinta CDC a cambio de obras o servicios públicos. Según el auto al que ha tenido acceso EL PERIÓDICO, el magistrado atribuye a estas compañías los delitos de tráfico de influencias, cohecho y blanqueo de capitales, y cita a declarar a sus representantes a principios de julio. También deberán declarar el extesorero convergente Daniel Osácar; el presidente de Teyco, Jaume Sumarroca (hijo de unos de los fundadores de CDC); y el expresidente de la empresa pública Infraestructures de la Generalitat Josep Lluís Quer.
El togado expone que está investigando a altos cargos de CDC que, en connivencia con directivos y funcionarios de distintas administraciones e instituciones públicas de Catalunya, «pusieron en marcha una estructura para financiar ilegalmente» al partido antecesor del PDECat. Para ello, sostiene, «alteraban todo tipo de concursos públicos» a fin de adjudicar contratos a determinadas empresas que, a su vez, realizaban «donaciones» a dos fundaciones ligadas a CDC, CatDem y Fòrum Barcelona.
Dichos pagos se realizaban, según indica el auto, no solo como contraprestación a la adjudicación de obras públicas a las empresas, «con vulneración de los principios de legalidad, igualdad y transparencia», sino también para mantener «una buena relación con el partido y sus jerarcas» y, de paso, ser «elegibles» en futuros contratos. «Es decir, simplemente para conseguir mejorar las expectativas de ser beneficiarios», concluye.
CONTROL Y DISIMULO El magistrado señala a Andreu Viloca, extesorero de CDC, como la persona que «llevaba a cabo un control exhaustivo de las licitaciones» ofrecidas por administraciones bajo la esfera de Convergència, como ayuntamientos, diputaciones, consejos comarcales y organismos de la Generalitat.
Las empresas, por su parte, actuaban «con el afán de disimular» las donaciones. Por un lado, efectuaban los pagos desde diferentes entidades del mismo holding empresarial y, por otro, realizaban los desembolsos a las fundaciones vinculadas al extinto partido. Las licitaciones investigadas ascienden a 218 millones de euros y las comisiones bajo sospecha, a un millón. El auto concreta las operaciones en las que participaron las empresas imputadas, así como las donaciones realizadas bajo el pretexto, en algunos casos, de «contribuir a la defensa de la cultura y los intereses de Catalunya».