El Gobierno plantea acabar con la gratuidad de las autovías
El Ministerio de Fomento defiende el principio del pago por uso de las infraestructuras Los usuarios claman que la medida afectará más a los consumidores con menos recursos
El debate del pago por uso de las infraestructuras se mantiene abierto. No se pudo cerrar en la anterior legislatura y sigue sobre la mesa, según el ministro de Fomento en funciones, José Luis Ábalos, que ayer recordó que las autopistas y autovías, salvo las que operan bajo una concesión, son las únicas infraestructuras en materia de transporte que no están sometidas a un pago por uso. El ministro reconoció que el Ejecutivo se plantea acabar la gratuidad de estas vías mediante el establecimiento de un pago «simbólico» por su uso.
«Es una cuestión recurrente», dijo en una entrevista en Tele 5, y recordó que en la legislatura pasada el PSOE planteó la creación de una subcomisión de estudio sobre la financiación de la
red de carreteras de alta capacidad que no llegó a constituirse porque se convocaron elecciones. El objetivo de esta subcomisión, recordó, era abordar «desde un punto de vista serio y riguroso» cómo financia España esta red de alta capacidad, concretamente las autopistas y autovías gratuitas para el usuario y que tienen un coste para el erario de 1.100 millones de euros en conservación.
«Es la única infraestructura en materia de transportes en la que el usuario no abona nada, salvo las concesionadas. En el resto, todas están sometidas a un pago por uso. Es una reflexión y también cómo se puede derivar a la política social el uso de estos instrumentos. Pero es un debate que ni siquiera se ha iniciado», apuntó el ministro.
PAGO POR USO En unas declaraciones a El País, Ábalos aseguró que hay que abordar de manera urgente este debate teniendo en cuenta dos principios: el que contamina paga y el pago por uso. Además, afirmó que no puede haber territorios donde estas infraestructuras son de pago y otros donde no lo son. «Es uno de los retos del nuevo Gobierno. Mi idea es que hay que aplicar esos dos principios», dijo. El proceso de discusión se ha puesto sobre la mesa, pero el problema es que sigue sin haber Gobierno. Cuando se constituya, y si es el PSOE quien gobierna, se emprenderá esa discusión con las comunidades autónomas, previsiblemente a través del mismo esquema de subcomisión que planteó en la anterior legislatura, según fuentes de Fomento.
La ministra de Hacienda en funciones, María Jesús Montero, también admitió ayer que el Gobierno está estudiando «diferentes fórmulas» existentes en otros países de Europa para el mantenimiento de la red de vías de alta capacidad (autovías y autopistas). Montero aseguró que «no hay ninguna propuesta concreta» sobre este posible pago y vinculó las informaciones al debate producido hace algunos meses
en el Congreso, en el que se proyectó la creación de una comisión para debatir cómo financiar las infraestructuras públicas y la red de vías de alta capacidad.
El debate, en todo caso, satisface a la industria de las concesionarias. El presidente de la patronal de grandes constructoras y concesionarias, Seopan, Julián Núñez, calificó esta eventual medida de «beneficiosa» tanto para la economía española como para el conjunto de la sociedad. Núñez señaló que la medida tenía que haberse aplicado en España mucho antes, ya que prácticamente en toda Europa se paga por el uso de las vías de alta capacidad. Según Núñez la ausencia de un modelo como este en España ha provocado «ineficiencias» y desigualdades entre territorios así como entre contribuyentes.
PAGO DE IMPUESTOS /«El contribuyente, tenga o no coche, está financiando con sus impuestos el pago de mantenimiento de la infraestructura», remarcó. La financiación del mantenimiento de las carreteras supone 2.000 millones de euros de los Presupuestos. Por otro lado, el usuario de barco, ferrocarril o avión sí que paga por el uso de estas infraestructuras.
Pero no todos los usuarios parecen contentos. La Federación Nacional de Asociaciones de Transporte de España (Fenadismer) rechazó la propuesta y advirtió de las consecuencias que tendría para el crecimiento de la economía española y, particularmente, de las exportaciones.
Facua-Consumidores en Acción consideró que plantear que todos los conductores deban pagar la misma cantidad «finalmente terminará afectando más a los usuarios que tienen menos poder adquisitivo».
Las concesionarias dicen que la medida debería haberse implantado antes
porque ya funciona en toda Europa
Los transportistas consideran que la propuesta tendrá consecuencias
negativas en la economía española