Investigación bloqueada

Recientemente, la Mesa del Congreso de los Diputados bloqueó el trámite para crear una comisión de investigación al rey emérito Juan Carlos I por la cuestión relativa a las tarjetas opacas. Concretamente, la iniciativa fue rechazada por el PSOE, el PP y Vox. El hecho, sencillamente, es incompatible con la democracia. Ninguna ideología racional debería obstruir el esclarecimiento de unos hechos de interés general y de semejante gravedad. Ni aquellos que lo defienden con tal firmeza que seguros deberían estar de su impunidad, por lo que la investigación no debería de preocuparles.

La investigación parlamentaria es la forma de rendir cuentas ante el pueblo, si es necesario, por lo que su transparencia es indiscutible e indisociable de un Estado de derecho y democrático. Hasta los servicios jurídicos del Congreso han hecho lo debidamente democrático. Tales discriminaciones no solo hacen dudar del sistema representativo y su credibilidad, sino que falsifican la noción democrática que se intenta impartir desde las instituciones, dando alas a aquellos que la llevan cuestionando desde su existencia, no solo el sistema, sino su matriz, la Constitución.

La presunción de inocencia es un derecho fundamental que en ningún caso se vulnera en una investigación. Pero el buen oficio de los ocupantes de responsabilidades constitucionales es una obligación, ya que sin control judicial no hay Estado de derecho, sin control político no hay Estado democrático. La monarquía, tarde o temprano, si quiere sobrevivir al ánimo democrático, deberá someterse a líneas de más transparencia y de control parlamentario, es decir, ciudadano.