El TSJC defiende el 14-F para acabar con la «precariedad institucional»
El tribunal justifica mantener las elecciones en febrero por el «intenso interés público» en los comicios El Govern cita hoy a los partidos para analizar la situación tras el revés judicial
La incertidumbre sigue empañando la celebración de las elecciones en Catalunya. El Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) hizo públicos ayer sus argumentos, que cuentan con un voto discrepante, para que los comicios tengan lugar el 14 de febrero, y no el 30 de mayo como quiere el Govern. Unos argumentos con una alta carga política, pues defienden el 14-F para acabar con la «provisionalidad», el «bloqueo» y la «precariedad» institucionales. Los partidos han pasado del estupor a la acción y asumen que en apenas una semana empezará la campaña, por lo que reactivan a marchas forzadas sus cuarteles electorales. El Govern, no obstante, reunirá hoy a los partidos de forma telemática para analizar la situación tras el revés juicial.
El tribunal tomará una decisión definitiva sobre la fecha de los comicios antes del 8 de febrero, lo que significa que, si no han resuelto para entonces, el 29 de enero a las 00.00 horas, las calles deberán estar empapeladas con la propaganda electoral de los candidatos y sus agendas, repletas de mítines, aunque sean por streaming. Los 75.000 miembros de las mesas electorales ya han recibido sus notificaciones acompañadas de un manual con medidas sanitarias.
El TSJC opina que «hay un interés público muy intenso» en la celebración de las elecciones que se «incrementa» desde el momento en que se produce una situación de «vacancia» en la presidencia de la Generalitat tras la disolución del Parlament, la cual irradia «al Govern en funciones, puesto que el vicepresidente [Pere Aragonès] tiene limitadas sus competencias». Posponer las urnas, señala, supone abrir «un periodo prolongado de provisionalidad que afecta al normal funcionamiento de las instituciones democráticas».
Y dicha provisionalidad, a su entender, es perjudicial porque «se trata de una situación de bloqueo y de precariedad institucional que afecta asimismo a la legitimación del Govern, lo cual es relevante en un entorno en el que la crisis sanitaria le obliga a adoptar cotidianamente decisiones de trascendencia, singularmente en la restricción de derechos fundamentales». Por ello, la legislación afronta esta coyuntura imponiendo una pauta «urgente de renovación electoral», designando una fecha «precisa e inamovible» para los comicios catalanes.
Es cierto, reconocen los magistrados, que hay un porcentaje de electores afectados por la pandemia, pero «la preservación de su derecho no debe realizarse tanto por el aplazamiento de las elecciones» –donde «no hay certezas sobre la situación sanitaria de futuro», ni sobre el porcentaje de votantes que pudieran estar entonces infectados– sino con «la implantación de mecanismos» que permitan el ejercicio de su derecho al voto «sin presencialidad». Argumentan, además, que tampoco es seguro que las
elecciones pudieran celebrarse el 30 de mayo, pues ello dependería de la evolución de la pandemia.
En la resolución en la que justifica la suspensión del decreto de aplazamiento del Govern, sin entrar en el fondo de la cuestión, los magistrados subrayan que hasta que decidan sobre las impugnaciones pueden darse cambios sustanciales «tanto en las normas reguladoras del estado de alarma como en el ámbito sanitario», derivados de la evolución negativa de la pandemia del coronavirus, «lo que podría justificar otra decisión de las autoridades competentes adoptada conforme a derecho».
La petición de Torra
Es decir, que si la pandemia del covid-19 obliga a decretar restricciones más severas, la decisión del tribunal podría adecuarse al nuevo escenario. Por ahora, los togados justifican mantener el 14-F en que las medidas sanitarias actuales «no limitan desplazamientos para actividades no esenciales» y en que la postergación electoral que decretó el Govern «no está prevista en el marco normativo estatal del estado de alarma que admite expresamente la celebración de los comicios». Cuando se pospusieron las elecciones en Euskadi y Galicia, todos los españoles se encontraban en confinamiento domiciliario, una medida que ayer volvió a ocupar titulares tras ser reclamada por el ‘expresident’ Quim Torra. La Generalitat recuerda que no está en su mano, que una decisión de tal magnitud solo la puede tomar el Gobierno central, y el ministro de Sanidad y candidato del PSC, Salvador Illa, ya lo ha descartado.
Ante las insinuaciones por parte de los socios del Govern de injerencia de la justicia en la política, el TSJC recuerda que su resolución «no obliga a votar irreversiblemente el día 14 de febrero de 2021, ni es el tribunal quien ha fijado esta fecha», sino que mantiene «la celebración de las elecciones en la fecha en que las convocó» el Ejecutivo catalán.
Una «operación de Estado»
La Generalitat estima que el TSJC no cuestiona la potestad del vicepresidente Aragonès, el candidato de ERC, para posponer los comicios. Mientras, JxCat y ERC ya están en modo campaña. Aragonès animó en TV-3 a votar por correo e incluso habló de una «operación de Estado» para impedir que se posponga el 14-F. Poco después, la portavoz de JxCat, Elsa Artadi, instó a «llenar las urnas» ante la «ofensiva del Estado».