Sanidad impulsa el aborto con fármacos hasta las 9 semanas
El Ministerio de Sanidad impulsa una modificación legal para que la interrupción voluntaria del embarazo hasta la novena semana de gestación se lleve a cabo con fármacos y no con un método quirúrgico de aspiración. Para ello, ha sacado a consulta pública la modificación del real decreto que desarrolló la ley del aborto de 2010, con el argumento de que la experiencia adquirida en estos años, así como los avances científicos en la materia, hacen que «ya no sean necesarias instalaciones quirúrgicas» para abortar, por lo que este servicio se puede prestar, mediante la prescripción de dos fármacos, en los centros de atención primaria. Actualmente se practica mayoritariamente en clínicas privadas concertadas y muy pocas veces en centros públicos.
El anuncio, no obstante, no sentó bien en el Ministerio de Igualdad, cuya titular, Irene Montero, mostró vía Twitter su disconformidad con la medida. Montero escribió que el aborto debe garantizarse «de forma segura y efectiva para todas las mujeres y con acompañamiento médico especializado». «El aborto farmacológico nunca debe ser la única opción, ni la prioritaria», señaló en el enésimo desencuentro con el PSOE en temas que afectan a las mujeres.
El ministerio detalla en la consulta pública que varias comunidades autónomas ya han habilitado «centros extrahospitalarios» para la prescripción del método farmacológico, que también es el preferido por otros países de nuestro entorno como Francia. De hecho, el comité de salud pública del ministerio con las autonomías aprobó impulsar el cambio en septiembre de 2020.
Sanidad reconoce, además, que el método farmacológico es más económico: «El bajo coste de los fármacos empleados, junto con la simplicidad de las instalaciones requeridas, reduce el coste total de los procedimientos a un tercio de los quirúrgicos». Por último, añade que esta fórmula conlleva complicaciones inferiores al 5% y, dado el «asesoramiento» que se prestará en los centros del servicio público, existirá «gradualmente» una mayor concienciación y, por lo tanto, se disminuirá el número de abortos, que en los últimos tres años ha experimentado un repunte.
Según el último balance, 99.149 mujeres interrumpieron su embarazo en 2019, el 3,4% más que en 2018. No obstante, desde que en 2011 comenzaron a notarse los efectos de la aprobación de la ley de plazos, que permite el aborto libre hasta la 14º semana de gestación, los abortos han caído el 16%.
Oposición de las clínicas
La Asociación de Clínicas Acreditadas para la Interrupción del Embarazo (ACAI), donde se practican la mayoría de los abortos desde los 80 debido a que la objeción de conciencia ha impedido la prestación en la sanidad pública, se opone al cambio con el argumento de que se privará a las mujeres de su libertad de elección y de un método «eficaz y seguro», como es la técnica instrumental.
Según un estudio de ACAI, el 78% de las mujeres eligen la aspiración frente a los medicamentos porque es una técnica que se puede realizar en un máximo de 10 minutos con anestesia local o sedación, es menos dolorosa y tiene menos efectos secundarios. Además, el método farmacológico falla entre el 3% y el 5% de las veces, lo que exige que se vuelva a tomar alguno de los medicamentos o que se realice finalmente una aspiración.
n