Jair Bolsonaro
PRESIDENTE DE BRASIL
Hasta 61 solicitudes se han registrado en el Congreso brasileño a favor de un juicio político contra al presidente, sitiado por sus errores políticos y una pésima gestión de la pandemia.
«Impeachment (juicio político)», es la palabra más repetida en el tórrido verano brasileño, ya sea como anhelo de quienes se imaginan a un Gobierno sin el presidente del país, Jair Bolsonaro, o aquellos que observan esa posibilidad como una maldición. El manejo de la pandemia en un país donde han fallecido más de 223.000 personas y solo se ha vacunado el 1,16% de una población superior a los 210 millones, ha hecho reverdecer ese reclamo.
«Desde los confines hasta las grandes capitales, entre abogados, religiosos, empresarios, políticos, desde ciudadanos de a pie hasta autoridades diversas, una mezcla multifacética de la sociedad se hace eco del mismo y consistente llamado. El clamor nunca ha sido tan poderoso», señala la revista Istoé en su reciente editorial. Bolsonaro, un capitán retirado del Ejército, «ha perdido definitivamente las condiciones para gobernar», añade la publicación.
En el Congreso se archivan ya 61 solicitudes de juicio político, incluso una presentada por un grupo de católicos y evangélicos, reunidos en el llamado Frente de la Fe. Una reciente encuesta de Datafolha da cuenta de que un 54% de los consultados se muestran favorable a una resolución de la crisis política a través del mecanismo de destitución del presidente. El gobernador del estado de Sao Paulo, João Doria, ha llegado incluso a hablar del «virus Bolsonaro». Doria se ha enfrentado duramente con el jefe de Estado durante la pandemia y, en las últimas semanas, por el tema de las vacunas.
El drama de Manaos
A pesar de la proliferación de solicitudes, el horizonte del juicio político todavía parece incierto. La revista Carta Capital señala al respecto que la presión social aún no impacta lo suficiente en el Congreso.
Ni siquiera el rebrote del covid19 en Manaos, que puso al desnudo la ausencia de una política sanitaria del Gobierno de ultraderecha, ha modificado la reticencia del presidente de la cámara de diputados, Rodrigo Maia, a tramitar esas solicitudes. En este contexto, algunos parlamentarios están buscando alternativas para que Bolsonaro sea al menos investigado a partir de la creación de una comisión que dilucide su responsabilidad en lo que ha ocurrido en esa ciudad amazónica donde los infectados no han tenido acceso a oxígeno o una cama en un hospital.
El factor militar
El diario paulista Folha recuerda, por su lado, que en todos los momentos críticos que ha atravesado desde su llegada al poder a principios de 2019, Bolsonaro no ha hecho otra cosa que «aferrarse al Ejército para sobrevivir». Cuando tuvo roces con el Tribunal Supremo, llegó a participar en una manifestación de corte golpista a las puertas de un cuartel.
El presidente brasileño ha vuelto a buscar refugio entre los uniformados después de que el Tribunal Supremo autorizase investigar el papel del ministro de Salud, el general Eduardo Pazuello, por la grave crisis sanitaria en Manaos. «Nosotros, los militares, somos el último obstáculo para el socialismo», advirtió.
Bolsonaro cuenta además con una importante protección del Fiscal General, Augusto Aras. Según Transparencia Internacional, Aras es un «aliado» del presidente y de su círculo íntimo.
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