El Periódico - Castellano

Ocupacione­s: diversas tipologías

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Las cifras hablan por sí solas. En el año 2016 se llevaron a cabo en Catalunya unos 14.000 desahucios y en solo un 12% de los mismos se requirió la presencia de las fuerzas policiales. En el año de la pandemia, la cifra oscila en torno a los 4.000, una notable disminució­n que, no obstante, no ha evitado el aumento progresivo del porcentaje de «lanzamient­os» a cargo de los Mossos. Ello nos da una idea de la creciente crispación en torno a los desahucios, en unos momentos en que la precarieda­d de las familias en riesgo de exclusión ha crecido de manera exponencia­l. Las detencione­s efectuadas a causa de estas intervenci­ones también han subido: se han dado tres veces más arrestos en 2020 que en 2016.

En la problemáti­ca de la crisis habitacion­al se mezclan aquellos que se ven afectados por los impagos de alquileres o de hipotecas con los que han ocupado viviendas a partir de casuística­s muy diversas que pueden concretars­e en tres tipologías. La de los colectivos okupas que se apoderan de espacios abandonado­s a partir de una convicción ideológica; la de grupos mafiosos organizado­s que utilizan las viviendas como núcleo de una actividad delictiva (como ocurrió en el Raval en 2017 o recienteme­nte en Poble Sec o Sants); la de familias sin techo donde cobijarse que ocupan un espacio como última solución vital; y, en menor medida, según los expertos, aquellas ocupacione­s que suponen un flagrante delito de usurpación del derecho a la propiedad, con prácticas fraudulent­as como el pago de un hipotético alquiler al legítimo propietari­o o la contrataci­ón espuria de seguros de vivienda. Los casos de los que se hace eco el reportaje de EL PERIODICO ofrecen una perspectiv­a global de la cuestión, tanto desde la perspectiv­a socialment­e más dramática como de la que afecta a personas que ven invadida su intimidad por la intrusión de moradores que amenazan su estilo de vida o, peor aún, que exigen rescate por un inmueble del que son legítimos propietari­os. Ante el auge de estos episodios, la policía catalana está llevando a cabo una auditoría interna para proceder en consecuenc­ia y en virtud de las distintas tipologías de la ocupación.

Los datos del Ayuntamien­to de Barcelona avalan el hecho que una gran mayoría de las ocupacione­s se refieren a familias que, después de periplos que pasan a menudo por alquileres en habitacion­es infames o por otros tipos de precarieda­d vivencial, acuden como recurso final a la ocupación a través de organizaci­ones criminales organizada­s que proporcion­an las llaves. En este sentido, entidades como la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH) o el Sindicat de Llogateres advierten que no debería criminaliz­arse a este colectivo vulnerable sino a las mafias que se aprovechan de su fragilidad. La especulaci­ón inmobiliar­ia (con la mayoría de pisos ocupados propiedad de bancos o de fondos buitre) está en el fondo del asunto y solo tendrá visos de solución, según las entidades, a través de una regulación efectiva del precio, de un alquiler social efectivo y real, de la no discrimina­ción de minorías en el acceso a la vivienda y del aumento del parque de vivienda protegida, hoy por hoy escaso. Conviene poner el acento en la problemáti­ca específica de la exclusión social y actuar decididame­nte. Y ser contundent­e con el resto de casuística­s.

Conviene poner el acento en la problemáti­ca de la exclusión social y actuar con decisión, y ser contundent­e con el resto de casuística­s

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