El Ejército de Birmania pone fin a una década de precaria democracia
Los militares toman el poder y detienen a una treintena de políticos, escritores y activistas, entre ellos la líder ‘de facto’ Aung San Suu Kyi
Birmania regresó ayer a su dolorosa normalidad. El Ejército finiquitó la década de precaria democracia que había precedido a su medio siglo en el poder y abrió un contexto tan inquietante como imprevisible. La líder de facto, Aung San Suu Kyi, pidió al pueblo que la idolatra que luche en la calle contra la asonada, y sobran los precedentes de falta de tacto militar contra las protestas. El episodio subraya los renglones torcidos con los que se escribió el tránsito al poder civil. Las servidumbres al estamento militar no solo han impedido que se solidifique la democracia, sino que han arruinado la imagen global de Suu Kyi, su principal activo, por su tibieza con el genocidio rohinyá.
El país del Sudeste asiático se despertó con cortes telefónicos y de internet, muchos bancos cerrados y solo con el canal de televisión afiliado a los militares, Myamwaddy News, en abierto. Los uniformados habían detenido a una treintena de políticos, escritores y activistas. La nómina incluye Suu Kyi y Win Myint, presidente del país. El vicepresidente, impuesto por el estamento castrense en virtud de las atribuciones que le confiere la Constitución, cedió los poderes al jefe de las Fuerzas Armadas, Min Aung Hlaing, quien decretó el estado de emergencia durante un año. El general fue sancionado en diciembre de 2019 por EEUU y ha sido acusado de atrocidades contra la minoría rohinyá. La pulsión golpista del Ejército birmano y la intensa rumorología minimizaron la sorpresa. La semana pasada, el portavoz militar, Zaw Min Tan, no descartó la posibilidad de un golpe de Estado, y aunque la alerta fue atribuida después a un malentendido, sobre Birmania pesaba desde entonces la incertidumbre. El golpe de Estado nace de la indigestión por los resultados de las elecciones de noviembre. La Liga Nacional por la Democracia (LND), liderada por Suu Kyi, avasalló con un 83% de los votos, y al Partido por el Desarrollo y la Unión Solidaria, apadrinado por los militares, le quedaron apenas 33 de los 476 escaños. La vergonzante derrota desató sus denuncias de pucherazo y las exigencias de nuevas elecciones limpias. Los observadores internacionales y la comisión electoral han admitido inexactitudes comprensibles en un país como Birmania, pero que en ningún caso habrían provocado cambios sustanciales en el resultado.
La víspera del nuevo Parlamento
Un comunicado de la oficina de Min Aung Hlaing explicó que el país será llamado de nuevo a las urnas tras reformar la comisión electoral e investigar las listas de votantes. «Unas nuevas elecciones libres y limpias serán convocadas, y las atribuciones de Gobierno serán entregadas al partido que gane cumpliendo las normas y estándares democráticos», señalaba. La asonada llegó apenas unas horas antes del estreno del nuevo Parlamento.
Suu Kyi clamó desde Facebook que «las acciones de los militares llevan de nuevo al país hacia la
dictadura». «Pido al pueblo que no lo acepte y que proteste con todo su corazón contra el golpe de Estado», continuaba.
Los birmanos regresaron ayer a un bucle que creían enterrado y es dudoso si pesará más la defensa democrática o el miedo a otra represión sangrienta. El respetado historiador Thant Myint-U ha resumido los inciertos tiempos que se avecinan: «Las puertas se acaban de abrir a un nuevo futuro. Tengo la sensación de que nadie puede controlar lo que sucederá. Y recuerdo que Birmania es un país inundado de armas, con grandes divisiones étnicas y religiosas, y en el que millones de personas apenas pueden alimentarse».
La pobreza, la represión y las tensiones étnicas graparon durante décadas a Birmania a la crónica negra asiática. Las elecciones de 2010 permitieron su primer Gobierno civil después de que la Constitución aprobada dos años antes les concediera a los militares un 25% de los asientos parlamentarios, carteras tan sensibles como Interior y Defensa, la amnistía de todos sus desmanes y abriera la puerta de su regreso «en condiciones extraordinarias». Eran los mismos militares que habían bañado en sangre revueltas de estudiantes y monjes o condenado a muerte a decenas de miles de birmanos rechazando ayuda internacional tras el ciclón Nargis, pero entonces se entendió como un peaje asumible. El golpe de Estado permite las dudas.
La comunidad internacional respondió ayer con las previsibles condenas. La de la UE fue «enérgica», subrayó el presidente del Consejo, Charles Michel, quien también pidió a los militares que liberasen a todos los detenidos. La de la ONU fue «firme», aclaró su secretario general, António Guterres, quien consideró la transferencia de todos los poderes militares como «un duro golpe a las reformas democráticas en Birmania». La Casa Blanca prometió «medidas contra los responsables» que pretenden alterar los resultados de las elecciones democráticas si no las revierten pronto.
Los golpistas tildan de pucherazo las elecciones de noviembre, aunque no aportan pruebas