Agenda de equidad
Sin igualdad no hay educación de calidad
Nos encontramos en un momento crítico que puede representar un punto de inflexión: o hacia la profundización de las desigualdades educativas y, de paso, hacia un sistema de resultados mediocres, o hacia una educación de calidad y generadora de oportunidades para el conjunto del alumnado. Ante esta disyuntiva, es imprescindible que los partidos y el gobierno saliente del 14-F apuesten decididamente por la equidad educativa.
El contexto pandémico y su afectación en las rutinas escolares han puesto de manifiesto los retos del momento actual. Brechas digitales entre alumnos y escuelas, incremento del absentismo, falta de recursos en los centros segregados, falta de sistemas de orientación y nuevas oportunidades, contenidos educativos poco competenciales, acceso desigual a la oferta de extraescolares.
Creemos que las propuestas de política educativa que hemos presentado desde la Fundación Bofill dibujan una agenda de equidad necesaria y con potencial de consenso entre la comunidad educativa y entre el grueso de las fuerzas parlamentarias. Tratan problemas de primera magnitud y concretan soluciones viables, cuantificadas y fundamentadas en la evidencia y en la opinión de expertos y profesionales de la educación. Y están basadas en una máxima cada vez más indiscutida: no hay sistema educativo de éxito y calidad que no ofrezca igualdad de oportunidades.
Una agenda educativa de equidad es mucho más que un conjunto de acciones compensatorias, «asistenciales», para alumnos, escuelas o barrios pobres. Implica identificar aquellos recursos y aprendizajes que ofrecen auténticas oportunidades educativas y velar para que todos los alumnos se puedan beneficiar. Ciertamente, se deberá adaptar la distribución de los recursos en función del contexto, priorizando o sobredotando los entornos, familias y alumnos más vulnerables, aquellos que se han visto más golpeados por la crisis del coronavirus.
Por ejemplo, proponemos potenciar las funciones de orientación y apoyo personalizado en el conjunto del sistema educativo, pero ofreciendo recursos adicionales a los cerca de 600 centros educativos del país reconocidos como más vulnerables.
Este «trato preferencial» de unos determinados centros no sería necesario en un contexto sin segregación escolar. Pero la alta segregación, especialmente económica, es uno de los principales retos que tenemos en nuestro país.
Pensemos en la lacra del abandono educativo prematuro. Uno de cada cinco alumnos no sigue estudiando más allá de la ESO, proporción que dobla la media europea. Esta problemática, sin embargo, no afecta por igual ni a todos los jóvenes (los hijos de familias con bajo nivel de estudios tienen el doble de probabilidades de abandonar los estudios que el resto de jóvenes) ni en todos los entornos. Por eso hay que combinar actuaciones transversales (nuevas plazas públicas de FP en sectores estratégicos) con intervenciones más focalizadas (reforzar los planes contra el absentismo en barrios donde este fenómeno tiene una mayor incidencia).
En conjunto, desplegar las medidas de equidad que proponemos implicaría una inversión anual de 650 millones de euros. Es un esfuerzo importante, pero relativo si tenemos en cuenta el gasto anual en educación (que ronda los 5.600 millones de euros y se encuentra todavía muy por debajo de la media europea). Y relativo, sobre todo, si consideramos los beneficios que esta inversión supondría no solo para la equidad, sino también para la equidad, la calidad y la excelencia del conjunto del sistema educativo.