«Unos okupas viven a costa de mi difunta tía»
Dos mujeres luchan en Sant Boi de Llobregat contra la apropiación de la casa de una anciana muerta en 2018. La cuenta bancaria de la fallecida también fue usurpada para el pago de la electricidad, el gas y la telefonía.
La señora Dolores Alcántara lleva más de dos años muerta. Sin embargo, sigue pagando las facturas del gas, la luz, el agua y el teléfono de su casa de Sant Boi de Llobregat. Unas personas aprovecharon el ingreso de la anciana en un centro sociosanitario para okupar la vivienda y, desde entonces, «viven gratis», denuncian la sobrina de la difunta, María Nieves Lamas, y la vecina D. P., que prefiere mantener el anonimato.
«Cuando Dolores murió ningún organismo dio de baja sus cuentas bancarias. ¿Cómo es posible?», se preguntan. Ambas mujeres han emprendido, cada una por su cuenta, una cruzada contra los residentes ilegales de la vivienda de la anciana «porque ya se ha convertido en una cuestión personal», aseguran a EL PERIÓDICO.
Ninguna de ellas es beneficiaria del testamento de la difunta, ni esperan obtener provecho alguno denunciando esta «injusticia», explican. Sin embargo, a pesar de la oposición de sus familias, que temen por la seguridad de ambas mujeres, ellas no abandonan. «Sigo con la lucha para que esto no le suceda a nadie más», expresa Lamas. «Cada vez que paso por delante de la casa okupada pienso qué haría si esto le ocurriera a mi madre. No puedo permitirlo», sentencia D. P.
Una anciana vulnerable
Dolores Alcántara era una mujer sevillana afincada en Sant Boi. Viuda desde hacía más de 20 años, con la vejez se había vuelto cada vez más desconfiada. Su casa era su castillo y le costaba dejar las llaves a algún vecino cercano o a la sobrina de su marido, aunque eran ellos quienes la llevaban al médico o la acompañaban a hacer la compra. Con tanto recelo nadie imaginó que la familia que regenta el bar de la esquina serían los que se instalarían ilegalmente en su casa.
Dolores no tenía hijos y se sentía un poco sola. «Yo siempre tenía prisa y ella se ponía en la puerta de su casa con ganas de hablar. Me decía: ‘Qué suerte tienes de tener dos hijas’», describe la vecina D. P., una de las primeras en dar la voz de alarma cuando okuparon la casa de la anciana, aprovechando su ingreso en el centro sociosanitario Prytanis, cuando aún estaba viva. «Los primeros en instalarse fueron una pareja de marroquís jóvenes. Se estuvieron cuatro meses y le vaciaron el piso», denuncia la vecina.
Posteriormente, la pareja vendería las llaves de la vivienda a una familia, también de origen marroquí, por 1.800 euros. «Lo iban contando en su bar. Decían que antes pagaban un alquiler de 500 euros, y que habían apostado por la okupación porque ‘en esta vida hay que arriesgar’», lamenta D. P. «Creemos que son una mafia que lo tenía todo estudiado. Hay que tener muy poca vergüenza para hacerlo con tanta normalidad. Se han instalado una antena gigante y una piscina enorme, todo pagado por la difunta Dolores, claro», agrega.
No pudieron enterrarla
«Yo culpo de todo esto a la asistenta social», dice, contundentemente, María Nieves Lamas. La sobrina denuncia que, cuando Dolores estaba ingresada en el Prytanis, la técnica impidió que Lamas usara las llaves de la anciana para recoger la documentación y demás menesteres que Dolores pudiera necesitar de su casa. «Tuvieron a mi tía indocumentada durante su estancia en el hospital y en la residencia donde se la llevaron, en los Pirineos, hasta que falleció. Jamás me consultaron nada; tuve que ir a la sede de la Seguridad Social en Barcelona para suplicar saber dónde estaba mi tía. Fue horrible», describe. Durante este tiempo la vivienda de Dolores ya había sido okupada por la primera pareja de jóvenes. «Mi tía dejó la casa a dos sobrinos: uno está muerto y del otro no sabemos nada», confiesa Lamas. «En su testamento pedía ser enterrada junto a su marido, en Sant Boi. Tenía todos los papeles en regla, pero estaban en la casa. Fui a pedírselos a los okupas, pero no quisieron darme la documentación de la propiedad del nicho y finalmente tuve que incinerar a mi tía», lamenta.
Desde la ocupación ilegal, la sobrina y la vecina de Dolores han movido cielo y tierra para «hacer justicia en nombre de la difunta», explican. Afirman que han denunciado el caso a los Mossos d’Esquadra, a la Guardia Urbana y al Departamento de Vivienda del Ayuntamiento de Sant Boi, e incluso a la sección de Herencias Intestadas de la Generalitat.
Todo fue en vano hasta que la vecina D. P. publicó una carta en este diario. «Esto molestó al consistorio porque enseguida me llamó un sargento de la Guardia Urbana interesado en el caso. Se supone que están buscando al heredero, pero no sabemos nada más», comenta la vecina. EL PERIÓDICO se ha puesto en contacto repetidas veces con la Guardia Urbana de Sant Boi, pero no ha obtenido respuesta.
Para ambas mujeres, «el sistema cometió un grave error» cuando, estando viva la anciana, «ningún juez ni los Servicios Sociales tomaron cartas en el asunto». «El caso de Dolores es un reflejo de cómo nuestra sociedad trata a los ancianos vulnerables», sentencia D.P.
Una pareja aprovechó el ingreso de la anciana en un hospital para entrar en la vivienda