Querella del fiscal por el incendio que contaminó el Besòs
Un incorrecto almacenamiento de residuos originó el fuego y el vertido. El ecosistema entre Montornès y la desembocadura quedó gravemente afectado.
La Fiscalía de Barcelona ha presentado una querella por un delito contra el medio ambiente y otro relativo a la protección de la fauna y flora contra tres directivos de la empresa Dictesa y la misma compañía por el incendio ocurrido el 11 de diciembre del 2019 en su planta de Montornès del Vallès. El suceso causó vertidos de productos tóxicos y la contaminación del río Besòs, lo que ocasionó la muerte de miles de peces y la desaparición del 99% de la fauna piscícola de la zona. El ministerio público tiene abierta otra investigación, todavía no finalizada, sobre la actuación de la Generalitat en relación con el control de esta compañía.
Dictesa, dedicada al reciclaje de disolventes y tratamiento de residuos industriales, había sido sancionada en varias ocasiones desde 2011 por incumplimientos de la normativa y, sobre todo, por el deficiente almacenamiento de los residuos y por falta de autorización para realizar determinadas labores, según especifica la querella. La Agència de Residus de Catalunya impuso en una inspección que se efectuó en 2017, y se cerró el 7 de mayo de 2018 con una sanción de 48.000 euros, que la empresa liquidó, al detectarse un almacenamiento superior a la capacidad permitida, la acumulación de materiales fuera de lugar (envases vacíos) y la falta de trazabilidad en la gestión documental de residuos. En la de 2019 se abrió otro expediente sancionador, notificado el 8 de octubre, con una sanción de 10.000 euros.
El fiscal Antoni Pelegrín sostiene que los querellados, cada uno dentro de su responsabilidad, «eran conocedores en todo momento» de que en la planta de Montornès «había una importante acumulación de residuos peligrosos» que «ordinariamente» era «muy superior» a lo permitido y que, además, se guardaba en «lugares no autorizados». Incide en que también sabían que estos residuos en ocasiones se guardan sin etiquetar, cuando debían estarlo de manera «clara», y sin que se conociera realmente el verdadero contenido de esos recipientes.
Bidón sucio y peligroso
La querella precisa que los acusados también eran conocedores de que en la actividad de destilación de los disolventes usados, que se realizaban durante las 24 horas, trabajadores no cualificados para hacerlo había vaciado pequeños bidones de residuos en otro metálico de 200 litros, que «siempre se aprovechaba sin limpiarlo». Esto implicaba mezclar en muchas ocasiones productos tóxicos y peligrosos «no correctamente identificados» y altamente inflamables.
Esta situación de «incumplimientos graves de toda la normativa medioambiental», apunta el fiscal, supuso que en la madrugada del 11 de diciembre del 2019 un trabajador mezcló en el bidón de 200 litros los residuos sin conocer de que sustancias se trataba, lo que provocó una «reacción exotérmica» y la emisión de humo, hasta que, finalmente, comenzó a quemar. El fuego afectó rápido a otros recipientes con residuos y el incendio se extendió por la planta. No entró en funcionamiento ningún equipo de extinción. En ese momento había en el lugar 1.176 toneladas de disolvente, que se quemaron o cayeron al suelo.
Una parte importante de esta sustancia fue a parar al río Besòs sin ningún tratamiento, lo que originó que desapareciera la vida acuática desde Montornès hasta la desembocadura. Los vertidos «incontrolados» duraron días con los consiguientes «efectos nefastos» y un «desastre ecológico» de los de «mayor» magnitud que se recuerdan en España, argumenta el fiscal. Y advierte que «será muy difícil y costosa» la recuperación del ecosistema. Las sustancias también contaminaron las aguas subterráneas y emitieron a la atmósfera compuestos peligrosos.
Más de 1.000 toneladas de disolvente se incendiaron o cayeron al suelo