Revés de la justicia escocesa a una consulta unilateral
La jueza considera que la cuestión planteada es «hipotética, académica y prematura»
El más alto tribunal civil de Escocia ha declinado pronunciarse sobre si el Parlamento escocés tiene derecho a convocar un referéndum de independencia sin autorización del Gobierno británico. La magistrada Aisla Carmichael, del Tribunal de Sesiones de Edimburgo, dictaminó que la consulta presentada por el militante independentista Martin Keatings es «hipotética, académica y prematura», sin que necesite expresar opinión alguna sobre los asuntos legales planteados. Aseguró que habría llegado a la misma conclusión incluso «si hubiera alguna proposición de ley a considerar» y, por todo ello, «es innecesario y sería inapropiado dar opinión alguna».
El dictamen es un contratiempo para las aspiraciones de la ministra principal, Nicola Sturgeon, de retar a Boris Johnson, quien se niega en redondo a aceptar la idea de una segunda consulta.
Permiso de Westminster
Keatings sostenía que tal permiso del Parlamento de Westminster no era necesario y que cualquier ley sobre el referéndum aprobada en la Cámara escocesa, donde el Partido Nacional Escocés (SNP) tiene mayoría, sería legal. Johnson repite que no autorizará un segundo plebiscito, pero SNP, que lidera Sturgeon, quiere celebrarlo si, como auguran los sondeos, logra la mayoría en las elecciones regionales del próximo 6 de mayo.
La decisión es un golpe para los nacionalistas, pero no ha sorprendido a los expertos ni al propio Keatings, que tiene previsto apelar. «Lady Carmichael no se pronunció en nuestro favor, pero aun así es una victoria a este nivel, porque tampoco se pronunció contra nosotros», indicó en un tuit. Su equipo legal argumenta que la ausencia de una hoja de ruta hacia la independencia, que busca el SNP, hizo que la jueza «no tuviera mas elección que desestimar» el caso al no poseer «la suficiente información» para considerar que la pregunta no era hipotética.
Preludio de la batalla legal
El dictamen se entiende como el preludio de una larga batalla legal entre el SNP y sus simpatizantes contra Johnson. «No veo cómo se puede evitar acabar en los tribunales», ha declarado David Hope, antiguo vicepresidente del Tribunal Supremo. El SNP parte como favorito en los comicios regionales y Sturgeon ha declarado su intención de celebrar un segundo referéndum «legal». Johnson zanja el asunto recordando el resultado contra la independencia en la consulta de 2014 (55% frente al 45%) y cómo los propios nacionalistas alegaron que se trataba de «una [consulta] en una generación».
La ley de Escocia de 1998, con la que se entregaron competencias al Parlamento de Edimburgo y se creó la Asamblea escocesa, estipula que los asuntos relativos a la unidad del país únicamente puede decidirlos el Parlamento de Westminster. Para otorgar poderes al Ejecutivo de Escocia, Johnson debería usar la section 30 order, como hizo David Cameron en el referéndum celebrado en 2014.
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