Arrecia la protesta en Panamá por los abusos en centros de acogida
Un informe parlamentario detalla las atrocidades sufridas por menores vulnerables y huérfanos en albergues del Estado
Panamá continúa soliviantada. Las protestas en la calle, especialmente de jóvenes, no cesan a pesar de que el escándalo se hizo público hace ya más de dos semanas. Pasan los días y, con ellos, un goteo de detalles abundan en las barbaridades que se cometieron desde 2015 en 14 centros de acogida públicos del país; lugares que, llamados a ser hogares de protección y cuidado para niños vulnerables y huérfanos, se convirtieron en otro epicentro más de abusos y malos tratos. Queremos cárcel es una de las consignas más escuchadas en los actos de protesta que se suceden día sí, día también.
Entre esas barbaridades figuran abusos sexuales, con niñas que han denunciado que religiosos las dejaron embarazadas y luego las obligaron a abortar, malos tratos físicos y psicológicos, comida para perros destinada a los niños, menores con enfermedades venéreas, jóvenes discapacitados inmovilizados con esposas, medicación caducada, colchones en el suelo y habitaciones sin luz ni ventanas como áreas de castigo.
La peor parte se la llevaban los menores discapacitados, invitados a «orar» en lugar de recibir la medicación prescrita para enfermedades como la epilepsia. Y menores en situación de riesgo social fueron ubicados en lugares compartidos por personas con algún tipo de drogodependencia.
Ocho investigaciones
Es la retahíla de delitos reflejada en un informe elaborado por la Asamblea Nacional que ya está en manos de responsables políticos y de la judicatura. Hay ocho investigaciones abiertas , según la fiscalía, que, en sus primeras pesquisas, apunta a los profesionales de los albergues como autores de los hechos denunciados. Sin embargo, el ministerio público confirmó que ya hay imputados, aunque no facilitó detalles.
Panamá cuenta con medio centenar de albergues públicos con capacidad para 1.200 menores. El Estado, a través de la Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia (Senniaf), supervisa y financia las entidades que los gestionan; desde oenegés hasta fundaciones, pasando por organizaciones de corte religiosa, tanto católica como evangélica. La presión por las protestas obligó la semana pasada al presidente del país, Laurentino Cortizo, a emitir una declaración grabada y transmitida por televisión en la que solicitaba el máximo castigo para los responsables. Una declaración considerada vacía por los manifestantes más beligerantes que acusan al mandatario de «cómplice» por amparar a los altos funcionarios involucrados en el escándalo.
El informe ha sido elaborado por un grupo de diputados de la
Comisión de la Mujer, la Niñez, la Juventud y la Familia de la Asamblea Nacional (AN) de Panamá. Pero mucho antes, quienes tiraron del hilo fueron dos trabajadoras sociales que perdieron su empleo por poner negro sobre blanco lo que habían visto.
Chanita Chamarra y María Victoria Pomar fueron destituidas por la Senniaf por haber elaborado un informe en el que se denunciaban terribles atrocidades en los albergues del área metropolitana de Panamá. Su trabajo dio pie al informe de la Asamblea Nacional.
«Esta es la juventud peleando por los niños que fueron violados sexual, física y emocionalmente. Fueron desprendidos totalmente de sus derechos humanos [...]. El Estado les falló», declaró el fundador de la plataforma Sal de las redes, José Isaac González. Aubrey Baxter, otro de los manifestantes del martes ante un edificio gubernamental, se quejó de la «poquísima información» del caso.
Algunas niñas han denunciado haberse quedado embarazadas de religiosos que luego las obligaban a abortar