El pasaporte de vacunación de la UE abre dudas científicas y éticas
España se suma a otros países turísticos que defienden la existencia de un ‘certificado verde’ que permita viajar a los turistas que hayan sido vacunados. Pero hay otros que se oponen.
La UE está estudiando la implantación de un pasaporte de vacunación que permita a los ciudadanos europeos ya inmunizados viajar o acceder a determinados lugares que ahora están cerrados o sufren severas restricciones, con el fin de reactivar la economía y, especialmente, los sectores del ocio, la restauración y el turismo. España apoya esta medida, al igual que otros países muy dependientes del turismo como Grecia y Portugal. De hecho, el Gobierno español prevé que sea un requisito para poder participar en los viajes del Imserso, a partir de septiembre.
Asimismo, ya hay países europeos, como Polonia, que han puesto en marcha un código QR para vacunados, mientras que Israel, el país con más inmunizados, ha abierto ciertos negocios como gimnasios o teatros, a los que solo pueden acceder personas vacunadas o recuperadas del covid-19.
La implantación del certificado genera muchas dudas y hay países como Francia o Rumanía que, de entrada, lo rechazan. Asimismo, la Organización Mundial de la Salud (OMS) ha pedido que no se exijan pruebas de vacunación para poder viajar «dado que todavía se desconocen las repercusiones de las vacunas en la reducción de la transmisión y la disponibilidad actual de dosis es demasiado limitada».
Transmisores del virus
En España, expertos en bioética, salud pública y juristas también ponen en duda el pase verde. Por ejemplo, Josefa Cantero, presidenta de la Sociedad Española de Salud Pública (Sespas), recuerda que «los epidemiólogos advierten de que aún no existen evidencias de que un vacunado no pueda ser transmisor de la enfermedad», a lo que hay que añadir las «dudas sobre los efectos de las nuevas cepas» en la inmunización. Y, para ella, existe un problema de «justicia y equidad», dado que el acceso a las vacunas no es aún universal y, por tanto, puede haber una discriminación hacia las personas que no se hayan vacunado, no porque no quieren, sino porque no pueden.
Dilema similar se planteó el año pasado durante la gran desescalada, cuando tanto a nivel europeo como en España hubo propuestas para crear un pasaporte serológico para que las personas que hubieran pasado la enfermedad pudieran circular libremente y reincorporarse al trabajo, facilitando el despegue económico. En aquel entonces, las voces en contra fueron predominantes debido a que «no se sabía si tener anticuerpos podía evitar la transmisión», según recuerda Federico de Montalvo, presidente del Comité de Bioética. «Las objeciones científicas con los vacunados son ahora menos relevantes» porque sí hay cierto consenso en torno a que tienen menos posibilidad de transmitir el virus dado que la vacuna evita que desarrollen la enfermedad de forma grave. Pero esas dudas «persisten», señala.
Si bien, De Montalvo reconoce que los certificados buscan la reactivación económica y la recuperación de la libertad, por lo que «en sí mismo no son malos». «En resumen, que no son blancos ni negros, sino grises, discutibles», concluye.
Miguel Ángel Ramiro, experto en derecho y salud y profesor de la Universidad de Alcalá, explica que los pasaportes sanitarios tienen «encaje legal» puesto que están recogidos en el reglamento sanitario internacional y hay países que obligan a la vacunación en determinadas circunstancias. Si bien, «es cierto que podrían ser discriminatorios, por lo que habría que ver en qué términos concretos se utilizan y si son idóneos, necesarios y proporcionales para proteger la salud pública», precisa. A su juicio, la discriminación no se corrige ofreciendo como alternativa, para poder viajar, que los no vacunados se realicen una PCR. «¿Y quién paga la PCR? ¿Sólo pueden viajar los que tienen dinero?”, se pregunta. Y pone el foco en las posibilidades de que se falsifique el documento, como ya sucede con los certificados médicos para evitar llevar mascarilla o los salvoconductos falsos de pruebas PCR.
El constitucionalista Agustín Díaz Robledo avisa de que los pasaportes son «constitucionales» dado que la Carta Magna consagra el derecho a la salud y a la vida, pero es necesario anclarlos a una ley, que en su opinión debería ser orgánica aunque quizá también pudiera ser autonómica. Al contrario que el resto de expertos consultados por EL PERIÓDICO, Díaz Robledo no cree que estos pases verdes sean discriminatorios porque «no perjudican» a los que no pueden exhibirlos. «Es como el voto a partir de los 18 años. No podemos decir que discrimine a los de 17», sostiene.
«Es como votar a partir de los 18. No podemos decir que discrimine a los de 17», dice un jurista