Ofensiva del Gobierno para limitar el abanico de contratos laborales
Por delante siete días en los que se debatirá en España, por fin, reformas que marcarán el futuro de los ciudadanos: El presidente tiene que mojarse sobre el marco laboral, las pensiones y los fondos.
Atención que no empieza una semana cualquiera. El miércoles, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, comparecerá en el Congreso para explicar por fin detalles de la hoja de ruta que puede salvar (o no) la maltrecha economía española contagiada de los efectos del covid: es el plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia que nace al calor de los esperados y nutridos fondos europeos para hacer frente a la devastación vírica. Hay que gastar 140.000 millones en ayudas y préstamos que llegan desde Bruselas y el compromiso genérico es hacer de la necesidad, virtud y aprovechar la ocasión, y el dinero, para emprender una transformación económica que nos lleve por senderos más digitales y más verdes. Conocer la estrategia española para llegar a ese gran objetivo suscita interés, sin duda, como lo tiene también el descubrir detalles sobre las reformas políticas que la coalición de la Moncloa está obligada a adoptar paralelamente: sí, llega la hora de acelerar la reforma (o contrarreforma) laboral, de pensiones y de tributos. Y va a haber novedades importantes.
Así que la semana promete en lo que atañe a debates vitales para el futuro del país, por más que haya que estar preparados para que los tambores electorales madrileños traten de enturbiar el ambiente. También el parlamentario: habrá ofensivas de la pinza PP-Vox contra el exvicepresidente Pablo Iglesias en la Cámara (aunque ya no esté sentado allí como diputado, es igual, pero toca hacer campaña donde se pueda) y contra Fernando Grande-Marlaska, ministro del Interior cuestionado por los tribunales por haber apartado de primera línea al coronel Diego López de los Cobos. Y del que la oposición exige la dimisión.
Pero ese runrún que evoca a las urnas difícilmente impedirá, por estruendoso que resulte, que el foco principal del interés público se aparte ahora del proceso de vacunación y sus vaivenes -el propio Gobierno inicia otra encuesta para conocer el grado de compromiso de los españoles tras los líos con AstraZenecay de los cambios legislativos que están por llegar. Puede que, desde este mismo lunes, comiencen a desvelarse datos al respecto puesto que Sánchez participa en actos públicos que tienen como objeto de debate los fondos europeos y las reformas y, ojo a esto, el ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá, tiene también una importante cita en la comisión del Pacto de Toledo para hablar de... la reforma de ley general de Seguridad Social que está al caer. O sea, que toca abordar el mantenimiento del poder adquisitivo de las pensiones y la fórmula para revalorizarlas, entre otras cuestiones.
Menos tipos de contratos
Al día siguiente, martes, el Consejo de Ministros debe aprobar precisamente el paquete completo de reformas que España tiene que enviar, en breve, a Bruselas. Es el precio a pagar para recibir los ansiados fondos. Y además de ahondar en cómo se piensa modificar el modelo de pensiones español para que resulte viable en el medio y largo plazo (cuestión no menor ni para los afectados ni para testar las relaciones PSOE-Podemos tras la marcha de Iglesias, puesto que en este capítulo hay diferencias), se debe explicar el camino a seguir en el área laboral.
Hace ya días que la titular del ramo, la vicepresidenta Yolanda Díaz, y los agentes sociales están sentados intentado llegar a pactos (igual que Escrivá en materia de pensiones, por cierto). No es sencillo. Los empresarios se encuentran cómodos con la reforma que dejó aprobada Mariano Rajoy en la anterior crisis. Los sindicatos exigen la derogación que la izquierda, también el PSOE, les prometió en campaña electoral. Y la ministra, de Podemos y seguramente futura candidata a presidir el Gobierno, defiende un cambio «radical, integral y a la ofensiva» de la ley vigente. ¿Qué significa eso?
De momento se ha referido a intentar dejar en un máximo de tres los tipos de contratos laborales (fijo, temporal y de formación pero con mejores condiciones) y reforzar la inspección. Además de incentivar la vuelta de talento exportado.
Díaz quiere dejar en tres los tipos de contrato y aumentar la inspección, pero los sindicatos piden derogación