Neutralidad, ante todo
Cuando analizamos cómo es posible que una sociedad –moderna y avanzada– como la catalana haya podido entrar en el bucle destructivo del ‘procés’ sin que por ahora se atisbe una salida, se apunta a la responsabilidad de los políticos, al papel jugado por los medios e incluso a la actitud timorata de las élites económicas y sociales. Pero no podemos olvidar que también las universidades y sus máximos responsables, los rectores y claustros, se han sumado, a veces con entusiasmo, otras bajo presiones, a la difusión de un pensamiento único soberanista, en nombre de la libertad de expresión.
Recientemente ha habido un nuevo varapalo de la justicia al manifiesto único que firmaron las universidades catalanas en contra de la sentencia del ‘procés’ y en apoyo de los presos. La sentencia del Tribunal Supremo contra la Pompeu Fabra recuerda algo tan obvio como que la libertad de expresión es un derecho fundamental de los ciudadanos, pero no de las instituciones públicas, que tienen la obligación de ser neutrales, precisamente porque son de todos. Además, los rectores y los claustros no han sido elegidos por sus ideas políticas, por lo que carecen de legitimidad para pronunciarse en nombre de la comunidad. Y en cuanto a la famosa autonomía universitaria a la que también se apela para justificar la quiebra de la neutralidad, se circunscribe exclusivamente al ejercicio de sus funciones, entre las que no se encuentra la representación política.
Por la misma razón que Quim Torra no podía colgar una pancarta partidista en el Palau de la Generalitat, o los ayuntamientos deben abstenerse de lucir ‘estelades’, los claustros no pueden aprobar manifiestos que vulneran la libertad ideológica del conjunto de sus miembros. El citado manifiesto único fue respondido por más de 1.000 profesores gracias a la plataforma Universitaris per la Convivència, que trabaja para que se respete la neutralidad y para que todos los posicionamientos sean escuchados. Para que Catalunya salga del agujero es imprescindible ante todo que los independentistas renuncien a creer que las instituciones son solo suyas.
nLa libertad de expresión es un derecho fundamental de los ciudadanos, pero no de las instituciones públicas, que tienen la obligación de ser neutrales