Diseñar el gran cambio

El Gobierno ha desglosado las grandes líneas de actuación en las que invertirá los esperados fondos europeos. El presidente Pedro Sánchez, antes de comparecer hoy en el Congreso de los Diputados para presentar el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia que debe enviar a Bruselas para su aprobación, ya ha avanzado en los últimos días las principales novedades. Ayer se centró en detallar uno a uno los diez proyectos que aglutinarán el grueso de los 70.000 millones de euros de inversión pública previstos hasta el 2023. Una lista de planes para un futuro más sostenible y digital, con especial atención a la movilidad, acompañado de cifras que no bajan de los 10 dígitos. Hablar en términos de miles de millones de euros puede causar una sensación de lluvia de dinero, de maná venido de Europa. Bienvenidas sean las ayudas (subvenciones y créditos blandos) para impulsar sectores estratégicos, si bien habría que evitar el riesgo de que, por el propio diseño de reparto de los fondos, estos acaben concentrados en unas pocas manos. La transparencia y la facilidad de acceso a las convocatorias serán garantía de que eso no ocurra.

Siendo muy importantes, estas ayudas económicas no bastan por sí solas para cambiar el modelo español, como bien saben la Unión Europea y el propio Gobierno de Sánchez. Por eso, además de los macroproyectos de inversión, el Plan de Recuperación incluye reformas estructurales, algunas de ellas en áreas tan sensibles como el empleo, las pensiones o los impuestos. Este terreno se antoja más abrupto. Cambiar leyes que puedan perjudicar los intereses de algunos colectivos –aunque para la economía en su conjunto suponga un avance– no será fácil de conseguir. Necesita de amplias mayorías políticas (que ahora mismo no se vislumbran) y sociales (que obligan a intensificar el diálogo con sindicatos y patronal). Podríamos encontrarnos con un plan aprobado por Bruselas pero con enormes dificultades para ejecutarse a nivel interno.

Centrándonos en las pensiones, el caballo de batalla es que los pensionistas no pierdan poder adquisitivo. Por otra parte, es indudable que el sistema actual debe revisarse, porque el déficit de la Seguridad Social ha alcanzado proporciones preocupantes. La propuesta de reforma del Gobierno incluye puntos controvertidos, como la sustitución del factor de sostenibilidad que introdujo el PP (y que suponía un recorte de la prestación a los nuevos pensionistas) por otro cálculo que, a falta de concretar, también irá vinculado a «a la evolución de la esperanza de vida», que es precisamente lo que rechazan los sindicatos y algunos partidos de izquierdas. Otra medida, el cheque de hasta 12.000 euros para aquellos trabajadores que alarguen su edad de jubilación, es una propuesta con doble filo: en la medida en que mantiene activos por más tiempo a los trabajadores mayores (y aligeran la carga de la Seguridad Social) puede frenar al mismo tiempo la entrada de los jóvenes al mercado laboral. El resultado podría ser una pérdida de derechos, si no se exploran elementos correctores.

En materia laboral, la necesidad de simplificar la variedad de contratos existente no es nueva. Ha habido anteriores intentos, y podría facilitar la contratación. Otro asunto es la derogación de algunos puntos de la reforma del PP, en la que sindicatos y patronal no coinciden y que habrá que ver cómo encaja con lo que exige Bruselas. En lo que todos deberían estar de acuerdo es en poner en marcha políticas activas de empleo para la creación de ocupación, uno de los principales problemas de la economía española antes, durante y después de la pandemia.

El Gobierno deberá buscar amplías mayorías políticas y sociales para llevar a cabo las reformas estructurales de las que dependen los fondos de la UE

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