El Papa pone coto a la corrupción en el Vaticano
Francisco decreta nuevas normas éticas para los empleados de la Santa Sede
Quienes sean contratados para trabajar en la Santa Sede, que comprende el Estado-Ciudad del Vaticano, deberán firmar una declaración y renovarla cada dos años conforme no han sido condenados ahí o en el extranjero, no tienen cargos pendientes, no están siendo judicialmente investigados, no poseen bienes de procedencia ilícita ni tampoco bienes contrarios a la doctrina de la Iglesia católica. Una vez contratados, no podrán recibir regalos superiores a los 40 euros.
Son algunas de las medidas para poner coto a la corrupción que el papa Francisco ha incluido en un documento personal que ayer ordenó publicar en el Osservatore Romano, diario oficial de la Santa Sede. La nueva normativa, que corrige, sustituye o añade disposiciones, afecta a todo el personal, al menos unas 3.000 personas, incluso las que no están sometidas al Reglamento General de la Curia Romana, para quienes el organismo de quien dependan deberá actualizar su propio reglamento interno.
La «carta apostólica» del Papa, titulada Disposiciones sobre la transparencia en la gestión de las finanzas públicas, se publica poco antes de que el comité del Consejo de Europa que evalúa la transparencia de las finanzas de los Estados (Moneyval) decida si incluye a la Santa Sede en la llamada lista blanca. Se trata de un procedimiento que suele durar años e implica la aprobación de varias varias leyes y consiguientes organismos, sobre el control financiero de un Estado, con el objetivo de impedir y controlar internacionalmente el blanqueo de dinero negro o sucio.
El documentos papal describe en siete apartados los supuestos que pueden impedir ser contratado por la Santa Sede. Además de los citados, no podrán ser empleados quienes «se hayan beneficiado de indulto, amnistía, perdón y otras medidas semejantes o hayan sido absueltos de las mismas por prescripción». La norma incluye los casos (anteriores a la contratación) de corrupción, fraude, terrorismo y participación en organización delictiva, como el blanqueo de capitales. Incluye también la explotación de menores, tráfico de seres humanos, evasión y elusión fiscal (zafarse de declarar).
Negocios en paraísos fiscales
En el capítulo de propiedades se incluye como impedimento la posesión de «dinero efectivo o inversiones» de cualquier tipo en «empresas y negocios en países incluidos en la lista de jurisdicciones con alto riesgo de blanqueo de capitales o financiación del terrorismo» (paraísos fiscales y otros). En cuanto a casos puntuales, decidirá la Autoridad de Vigilancia e Información financiera. Se trata de un organismo del que actualmente disponen casi todos los Estados, el Vaticano incluido.