La jueza suspende el desahucio del gimnasio social Sant Pau
El Tribunal Superior de Justícia de Catalunya ha aceptado la petición del Ayuntamiento de Barcelona de aplazar el desalojo del gimnasio social Sant Pau previsto para hoy para darle margen a seguir negociando la compra de la finca. Ayer por la mañana, durante una rueda de prensa, el concejal de Presidencia, Jordi Martí, y la teniente de alcalde de Derechos Sociales, Laura Pérez, se posicionaron sin fisuras del lado del proyecto social del gimnasio, poniendo toda la presión sobre la propiedad y la justicia para detener el desahucio.
Los dos ediles explicaron que habían pedido a la jueza que aplace el desahucio 30 días, ya que, según comentaron, las negociaciones siguen abiertas y en ese tiempo podrían llegar a un acuerdo. A las pocas horas, justo antes de las tres de la tarde, el TSJC informó de la aceptación de la petición, sin poner, de momento, nueva fecha. Martí y Pérez habían explicado en la misma rueda de prensa que han ascendido su oferta de compra hasta los 9,7 millones (hasta ahora se habían plantado en los 9,5).
Referente comunitario
Pese a que durante los últimos meses el espacio ha sido presentado siempre como un lugar en la que las personas sin hogar de la ciudad han encontrado refugio durante la pandemia –y así ha sido–, la historia del Sant Pau como espacio comunitario viene de más lejos, desde 2012, cuando un grupo de trabajadores del histórico gimnasio –lleva 80 años en el Raval– decidió transformarlo en cooperativa para salvarlo y convertirlo en un espacio para el barrio. Para todo el barrio. Un espacio en el que se respeta a todo el mundo, donde las mujeres musulmanas podían hacer piscina con sus bebés vestidas para sentirse cómodas, y donde se abrió un vestuario para las chicas trans para evitar que se fueran a casa sin duchar al sentirse incómodas en los vestuarios clásicos. Un espacio en el que los críos del barrio sin recursos podían hacer clases boxeo sin pagar si enseñaban que habían sacado buenas notas, y si no, también.
Todo eso era el Sant Pau antes del covid y sus defensores quieren que vuelva a serlo cuando pase la pandemia, combinado con los pisos públicos que podrían levantarse justo encima del actual gimnasio.
Con esa intención ha puesto el ayuntamiento los 9,5 millones de euros en la mesa de negociación con la propiedad, mesa que hoy por hoy sigue abierta, y con algo más de oxígeno tras la decisión judicial de aplazar el desalojo. Una cifra que, según tuiteó ayer la concejala de Vivienda, Lucía Martín, repartiendo responsabilidades, «supera el presupuesto que al Generalitat destinó el año pasado para levantar nuevas viviendas públicas de alquiler en toda Catalunya».
Este no es el primer intento de desahucio que esquiva el equipamiento, situado en la frontera entre los barrios del Raval y de Sant Antoni, pero nunca había habido sobre la mesa una oferta de compra firme por parte del consistorio.
Tras la penúltima fecha de desahucio el pasado mes de enero, propiedad y ayuntamiento se dieron dos meses para intentar llegar a un acuerdo. Pasó el tiempo, ese acuerdo no llegó, la maquinaria judicial volvió a ponerse en marcha y con la nueva fecha de desahucio pisándoles los talones el consistorio decidió mover ficha e intentar comprar. Y ahí siguen.
n