El Gobierno traslada al TS el aval de las restricciones autonómicas
El Ejecutivo aprueba un recurso de casación de urgencia ante el alto tribunal, de manera que los gobiernos regionales podrán limitar «libertades fundamentales» en la lucha contra la pandemia.
No habrá prórroga del estado de alarma más allá del 9 de mayo. Pero el Gobierno sí ha decidido, tras la presión de las autonomías –especialmente la vasca–, pertrecharlas con una mayor coraza jurídica. El real decreto ley que aprobó ayer el Consejo de Ministros, y que supondrá la extensión de algunas medidas del escudo social que ha funcionado durante la pandemia, incluye un punto importante y novedoso: las comunidades podrán recurrir al Tribunal Supremo en casación si las restricciones que impulsen a partir del domingo son tumbadas por sus respectivos Tribunales Superiores de Justicia. Es decir, que podrán buscar el aval del Supremo para que así este unifique doctrina y no haya criterios dispares según los territorios, como de hecho había ocurrido hasta ahora.
Según explicó ayer la vicepresidenta primera del Gobierno, Carmen Calvo, tras la reunión del Consejo de Ministros, los gobiernos regionales podrán aprobar medidas para contener la expansión del covid-19, que incluso podrían limitar derechos fundamentales al amparo de las leyes sanitarias ordinarias de 1986 y de 2011 y que, por tanto, deberán ser refrendadas por los Tribunales Superiores de Justicia de cada territorio. Si estos deniegan este tipo de medidas, la Sala Tercera del TS podrá pronunciarse en casación, mediante un procedimiento urgente, en un plazo máximo de cinco días, según el decreto ley aprobado por el Consejo de Ministros y que ahora deberá convalidar el Congreso. Es una «innovación jurisdiccional» que ofrecerá «seguridad jurídica», explicó Calvo.
Cierres y toques de queda
Las medidas que propongan los gobiernos regionales incluso podrían implicar confinamientos perimetrales y toques de queda. «Cada gobierno deberá afrontar con sus datos sanitarios sus propias decisiones», dijo. A cada ejecutivo autonómico le corresponderá «justificar, argumentar, decidir y proponer a los tribunales cualquier circunstancia que pueda limitar las libertades», añadió. Si el tribunal territorial no permite las medidas planteadas por el gobierno regional, este podrá acudir al Alto Tribunal, que podrá unificar doctrina, de modo que «el auxilio del Supremo nos sirva a todos», resolvió Calvo.
La vicepresidenta primera enfatizó que, salvo casos puntuales, la Justicia ha «acompañado» las decisiones adoptadas por los distintos gobiernos, «cumpliendo con su función de garantía». Pero sí se produjeron decisiones discrepantes de los juzgados. Ello motivó una primera reforma promovida por el Ejecutivo, cuando introdujo que fueran los TSJ de cada comunidad, y no los juzgados ordinarios, los que se concedieran o no el aval a las restricciones. Ahora lo que incorpora el Consejo de Ministros es un paso en la misma dirección, para que el Supremo, que según Calvo ha sido informado previamente del contenido del decreto, tenga la última palabra. La Sala Tercera del TS dispondrá de cinco días para resolver, y la Abogacía del Estado, dijo, también podrá recurrir.
La vicepresidenta primera ha coordinado el trabajo de nueve ministerios para encauzar el control de la pandemia una vez se consume el fin del estado de alarma, a las 00.00 del 9 de mayo. El fruto es un real decreto ley de seis capítulos que entrará en vigor al «minuto siguiente» de la caída de la alerta, este próximo domingo.
«Hemos de estar tranquilos, los gobiernos autonómicos pueden seguir planteando medidas importantes, con la garantía de la protección y de la igualdad para todos que nos ofrece el Supremo», dijo Calvo. Además, otra red de protección, señaló, seguirá siendo el Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud (CISNS), cuyos acuerdos son de «obligado cumplimiento».
Cada Ejecutivo
regional deberá «justificar» la limitación de cualquier libertad