Profesionalizar la dirección pública
La reforma de las administraciones no se arregla con una comisión como la creada por el ministro Iceta
El ministro Iceta acaba de llegar a su departamento y ha nombrado ya una nueva Comisión para la Reforma de las Administraciones Públicas. Los medios, y yo mismo como persona interesada y codirector de un máster interuniversitario de gestión pública que tiene treinta años de experiencia, lo tendríamos que saludar , atendiendo a la importancia de una buena administración para el bien del país. La necesitamos ahora más que nunca, que tenemos sobre la mesa la gestión de los fondos europeos, de importancia capital para la transformación del estado. La noticia ha pasado, sin embargo, sin pena ni gloria. En primer lugar, quizás porque la gente ya sabe para qué sirve, en general, hacer una comisión (y créanme, sé de lo que hablo). En segundo lugar, porque uno de los vicios de los políticos es hacer siempre tabla rasa de los trabajos anteriores y empezar de nuevo, a partir de los técnicos que sienten como más próximos. Y esto suena a derroche de recursos.
Lo que le falta a la Administración pública no son textos litúrgicos, sino acciones concretas que caminen en la dirección adecuada, sin esperar a un big bang imposible. Y hacerlo de manera selectiva, pero con cambios radicales, para mostrar después que el éxito del cambio se puede extender a diferentes ámbitos.
Necesitamos, ciertamente, una mayor profesionalización del sector público. La idea de cambio político y leva de sustitución administrativa es tanto antigua –desde las cesantías decimonónicas de Romanones–
como errónea. La gente ya ve hoy aquel acaparamiento de poder como el comedero de los partidos políticos en favor de los suyos. Esto, sin embargo, no lo arregla una comisión ni la creación de una nueva casta de funcionarios públicos de mérito. La situación política española no está hoy para reformas de Estado, y esta lo es; intentarlo todavía podría, incluso, empeorar las cosas. Además, las leyes son importantes, pero más todavía lo es la actitud de quienes las tienen que aplicar. Y, si hay voluntad política y se contiene el abuso de los partidos, con la actual normativa pública se puede avanzar.
Además, resulta curioso el escaso acuerdo entre los expertos sobre cómo lograr aquella mayor profesionalidad, pero sin abrir la acreditación de idoneidad, fuera de la formación hecha en la propia administración (¡cuando Macron acaba de abolir la ENA!), que otra vez permite dejar un trazo político más fácil para la legitimación del procedimiento. Se quiere permeabilidad con el sector privado, capaz de contribuir al cambio administrativo desde la experiencia de otros sectores para abrir ventanas, pero manteniendo habitaciones cerradas. Se aboga por la estabilidad, pero incluso se habla de indemnizaciones por mor de una potencial pérdida de confianza. Sin embargo, se dice que la retribución se tiene que hacer por resultados, queriendo garantizar una buena retribución del input, logrado el mérito. Y se acaba repitiendo, a menudo como un mantra, que esta tenga que ser «eficiente y equitativa». El papel, en efecto, lo aguanta todo.
Contrapongo a todo esto dos experiencias mías concretas. En Salut, a favor de gerencializar activos y responsabilizar a los profesionales, las entidades básicas asociativas en la gestión de los nuevos centros de atención primaria. Incluso aquellos que temían que se privatizara así el sistema sanitario hoy saben que los nuevos equipos han sido motores de cambio e innovación, al servicio del interés público. Nadie cuestiona ya la transformación. En Ensenyament no se ha conseguido una transformación igual. Se intentó selectivamente el cambio, ante el gran problema de la carencia de directores para dirigir y gestionar los institutos públicos. Ernest Maragall lo probó. Formar, capacitar, acreditar un pool de potenciales directivos, que optarían a las plazas abiertas con proyectos educativos adaptados, una retribución más libre y ligada a los resultados cumplidos. Y más cosas que ahora no vienen a cuento. La propuesta no superó la reacción corporativa.
Pero este es, en mi opinión, el camino correcto de reforma de las administraciones públicas: por ámbitos, de manera decidida y radical, y así poco a poco profesionalizar de una vez el empleo público contra lo que es hoy una clara anomalía respecto de los países avanzados.
Guillem López Casasnovas es catedrático de Economía en la Universitat Pompeu Fabra.
PnEl camino de la reforma administrativa: profesionalizar y por ámbitos