Un ajuste que aún no ha entrado en vigor

«El factor de sostenibilidad se define como un instrumento que con carácter automático permite vincular el importe de las pensiones de jubilación del sistema de la Seguridad Social a la evolución de la esperanza de vida de los pensionistas», según queda definido por ley. Es decir, a más esperanza de vida, menos pensión. El espíritu de la fórmula es, en principio, garantizar la sostenibilidad del sistema público de pensiones. De ahí el nombre. El PP, concretamente bajo la responsabilidad de la entonces ministra de Empleo y Seguridad Social, Fátima Báñez (hoy con cargo en la patronal CEOE), diseñó este modelo para contener el gasto público ante el progresivo envejecimiento de la población.

uEl factor de sostenibilidad se calculará para cada jubilado una vez este abandone el mercado laboral y pase a retiro. Es un cálculo único que se modula cada cinco años. Dicha fórmula, recogida en el artículo 211 de la Ley General de la Seguridad Social, contempla dos variables. Por un lado, las tablas de mortalidad de la población pensionista de aquel año. Y, por el otro, el número de años cotizados y la cercanía a la edad legal de jubilación.

uInicialmente su entrada en vigor estaba prevista para el 2019, pero el fuerte rechazo social que genera la medida desde que el PP la aprobó en el 2013 ha provocado que los distintos Gobiernos hayan ido posponiendo su entrada en vigor. Actualmente, si bien el actual Ejecutivo se ha comprometido a derogarla antes, está previsto que comience a regir a partir del 2023. Existe consenso entre el Gobierno y los agentes sociales de que esta medida es perniciosa para los bolsillos de los jubilados. Según los cálculos de la Comisión Europea, la pérdida de poder adquisitivo acumulada para los pensionistas sería del 30% en los próximos 30 años.

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