Varapalo europeo a la temporalidad
El Tribunal de Justicia de la UE rechaza que España alegue las restricciones económicas como una excusa válida para recurrir a un exceso de interinos en las administraciones.
El Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) ha reprendido a España por no tener mecanismos para prevenir y sancionar el abuso de la temporalidad en la función pública. Y no es la primera vez que el alto tribunal falla en contra de las prácticas españolas en materia de interinidad. Europa vuelve a censurar al Reino de España sobre su gestión del empleo público durante las últimas décadas y los altos niveles de interinos y eventuales que esta ha provocado, tal como recoge la sentencia hecha pública ayer. Actualmente, 1,03 millones de trabajadores del sector público, casi el 30%, son temporales.
Otra conclusión que deja la sentencia es que, en casos acreditados de falta de medida alguna de control y sanción del abuso de la temporalidad, el TJUE abre la puerta a mantener en el puesto a los interinos en fraude hasta que se ocupe o amortice la plaza. «La asimilación de dicho personal con relaciones de servicio de duración determinada a los trabajadores indefinidos no fijos podría ser una medida apta para sancionar la utilización abusiva de los contratos de trabajo de duración determinada», afirma el TJUE en su fallo.
El alto tribunal europeo ha rechazado el argumento presentado por los letrados españoles, que aducían que las limitaciones presupuestarias derivadas de la política de recortes, primero de Zapatero y luego de Rajoy, imposibilitó durante años la convocatoria de oposiciones. «Consideraciones puramente económicas, relacionadas con la crisis económica de 2008, no pueden justificar la inexistencia, en el Derecho nacional, de medidas destinadas a prevenir y sancionar la utilización sucesiva de contratos de trabajo de duración determinada», sentencian los jueces europeos.
Encima de la mesa
Actualmente, el debate sobre como reducir los altos niveles de eventualidad, especialmente de aquellos interinos que llevan años cubriendo un puesto estructural, está encima de la mesa y el Ministerio de Política Territorial y Función Pública ultima con los sindicatos una reforma del Estatuto Básico del Empleado Público en ese sentido.
La fórmula que plantea el ministro Miquel Iceta es introducir un mecanismo de sanción para las que sigan alimentando esa interinidad. El mismo consiste en la obligación de cubrir una plaza, vía oposiciones, en un máximo de tres años. Si no es así, esa plaza queda vacante durante todo un año y al gestor del organismo competente se le podrán exigir «responsabilidades». Estas todavía están por concretar, según el primer borrador trasladado a las partes.
n