El cuñado de Torra, condenado a 4 años y medio de prisión por fraude
El tribunal considera probado que Josep Morell y su hermano urdieron un plan para descapitalizar su empresa y eludir el pago de impuestos
La Audiencia de Barcelona ha condenado a Josep Morell Vázquez, cuñado del ‘expresident’ Quim Torra, a cuatro años y seis meses de prisión por un delito de fraude a Hacienda y otro de insolvencia punible, según la sentencia a la que ha tenido acceso EL PERIÓDICO. El tribunal de la Sección 10 ha impuesto la misma pena, que también comporta multas, una de ellas de 170.000 euros y otra de menor cuantía, a un hermano de este empresario y a una tercera persona. Los tres deberán pagar a la Agencia Tributaria de forma solidaria 169.923 euros.
Josep Morell es el marido de
Montse Torra, la hermana del exjefe del Govern. La defensa ha presentado recurso.
La sentencia, que recoge las tesis de la fiscalía, declara probado que, en 2009, los dos hermanos condenados cerraron por «la mala situación económica y financiera» la empresa Piensos Suprem, de la que eran administradores, y decidieron vender las siete parcelas donde se ubicaba la fábrica en Santa Coloma de Farners, que eran propiedad de otra sociedad, Can Roure, también de la familia.
Los jueces sostienen que los dos hermanos, «sabedores» de que la operación generaría para Can Roure plusvalías por las que se deberían pagar impuestos, «decidieron ejecutar un plan, encaminado, por un lado, a ocultar» a Hacienda
la obtención de esos beneficios y, en segundo lugar, «desvincularse aparentemente de la mencionada sociedad para eludir cualquier tipo de responsabilidad en el eventual supuesto de que se descubriese un fraude tributario». A la vez, indican los togados, proyectaron «despatrimonializar» la empresa para «frustrar» los posibles procedimientos administrativos o judiciales de ejecución de los créditos públicos por deudas tributarias no satisfechas.
Empresas pantalla y testaferro
Para «diseñar y ejecutar» ese plan, en el que «se iban a utilizar diversas sociedades pantallas o instrumentales», los hermanos Morell, relatan los magistrados, «contaron con la imprescindible y consciente colaboración» del tercer condenado, quien «articuló y coordinó la estrategia defraudatoria», utilizando para ello un testaferro, si bien este no era conocedor de que las operaciones «buscaban la finalidad fraudulenta perseguida» por los imputados.
La sentencia recoge las operaciones que se realizaron para estos propósitos. El primer paso fue el «ilícito proyecto» de desvincular «aparentemente» a los hermanos Morell de Can Roure, valiéndose de un entramado de sociedades. Los jueces dicen que la desvinculación no se produjo realmente, «ya que ambos continuaron siendo dueños» de la empresa y tenían «el efectivo control de la misma».
Por un lado, precisan, no llegaron a cobrar los 62.550 euros fijados como precio de venta de sus acciones y, por otro, se constituyó una hipoteca sobre fincas en la que se asentaba la fábrica para «garantizar las deudas por impago de salarios» a sus empleados, «en cuyo nombre y representación actuaron en calidad de dueños».
El precio por cinco terrenos vendidos en julio de 2010 fue de 880.391 euros más 158.410 de IVA. Los jueces estiman que, por el impuesto de sociedades, Can Roures debería haber pagado a Hacienda 169.957 euros y solo ingresó 34,07. Fueron los hermanos Morell, «como dueños y administradores de hecho en la sombra de Can Roure, quienes decidieron la ocultación y consiguiente defraudación», subrayan. De otros dos solares se desprendieron meses antes, en diciembre de 2009, por 238.963 euros, no abonando 76.373 al fisco.
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