Denuncian irregularidades en las oposiciones de la Guardia Urbana
Los sindicatos SAPOL y CSIF exigen que se repita la convocatoria por considerar que había aspirantes que conocían los detalles de una de ellas.
Denuncias sindicales siembran dudas sobre las pruebas de acceso a la Guardia Urbana de este fin de semana. Denuncias que llevaron ayer al teniente de alcalde de Prevención y Seguridad del Ayuntamiento de Barcelona, Albert Batlle, a manifestar que en caso de que se compruebe que existe alguna «irregularidad» en las pruebas de las oposiciones de la Guardia Urbana celebradas el pasado sábado, «se subsanará», informa Efe. Con todo, Batlle evitó pronunciarse sobre una posible repetición del examen, como piden los sindicato CSIF y SAPOL.
El pasado fin de semana, diversos sindicatos denunciaron que parecía que algunos de los opositores que participaron en la convocatoria tenían conocimiento del contenido de una de las nueve pruebas de acceso a la Guardia Urbana, un psicotécnico, y la Gerencia de Personas y Desarrollo Organizativo del Ayuntamiento de Barcelona abrió un expediente informativo para investigarlo. «El expediente tendrá unas conclusiones que se pasarán al tribunal (de calificaciones), que tomará una decisión definitiva y rápida», aseguró el responsable municipal.
Psicotécnico bajo sospecha
Batlle alertó a las academias que preparan a personas para estas oposiciones y a los profesionales que debe mantenerse «la absoluta confidencialidad» de los test psicotécnicos que se realizan y afirmó que si en las pruebas de la Guardia Urbana se ha producido «una filtración no procedente» se «determinarán responsabilidades» y «si hay alguna responsabilidad, se exigirán».
Un total de 4.827 personas participaron el sábado pasado en las pruebas para acceder a una de las 259 plazas convocadas para el cuerpo policial. El domingo, los sindicatos informaron de que una de las pruebas psicotécnicas empleada en las oposiciones podría haberse usado en la formación de alguna persona aspirante.
El ayuntamiento indicó que la había adquirido con los criterios que marca el reglamento de acceso a las policías locales catalanas e informó de que abría de oficio un expediente informativo con el fin de «investigar la certeza de estas informaciones, verificar el proceso y dar traslado al tribunal para que determine las actuaciones necesarias».