Bruselas lanza un ultimátum a España por la morosidad pública

La Comisión Europea denuncia los retrasos persistentes en el pago a proveedores

La directiva sobre morosidad, adoptada hace una década por la UE, obliga a la administración pública a pagar sus facturas en un plazo de 30 días (60 en el caso de hospitales públicos) y a servir de ejemplo en la lucha contra las malas prácticas de pago en el entorno empresarial. La falta de avances en este terreno ha llevado a la Comisión Europea a dar un paso más en el procedimiento de infracción abierto contra España hace más de un lustro. Las autoridades españolas tienen dos meses de plazo para evitar una denuncia ante el Tribunal de Justicia de la UE.

Preocupación

Bruselas abrió un procedimiento de infracción contra España debido a los retrasos excesivos en los pagos por parte de las autoridades públicas, en 2015. Aunque ha habido avances desde entonces y las autoridades públicas han hecho esfuerzos «para mejorar la puntualidad en los pagos del sector público», estos no son suficientes. «La Comisión está preocupada por los retrasos persistentes de las autoridades regionales y locales ya que su puntualidad a la hora de pagar sigue sin ajustarse a las obligaciones de la directiva», sostiene la Comisión. El aviso llega en forma de ultimátum, por medio de un dictamen motivado a España, que corresponde a la segunda fase dentro del procedimiento de infracción. Según la Comisión, la morosidad es una cuestión de máxima importancia para las empresas, especialmente para las pymes, ya que repercute negativamente, reduce su liquidez, les impide crecer y dificulta su resiliencia. Problemas que se han agravado con la pandemia ya que las empresas dependen más que antes de pagos periódicos para funcionar y mantener el empleo.

Además de España también ha recibido un toque de atención Italia aunque en su caso se debe a un problema concreto sobre la exclusión de unas determinadas operaciones del ámbito de aplicación de la directiva.