¡Viva España!... gritó Companys
Son las derechas que prefieren vencer a convencer, imponer la unidad a lograrla por el respeto mutuo y la justicia quienes han engendrado siempre la espiral entre desafíos soberanistas y reacciones autoritarias
El Gobierno debe desplegar toda la pedagogía para convencer de que indultar a los políticos presos catalanes es un jalón en el único camino provechoso para todos: el del diálogo
Estaba interviniendo en las Cortes republicanas Ángel Ossorio y Gallardo, conservador y católico ferviente, en defensa del Estatut de Catalunya cuando fue acusado de traidor por el general Fanjul, también diputado pero del Partido Agrario, el de los terratenientes.
Aquel 6 de julio de 1932, la derecha que representaba Ossorio y propugnaba una «España libre, democrática y justiciera en la que quepamos todos», quiso ser silenciada por la que, desgraciadamente, terminó imponiéndose a sangre y fuego. Pero por un breve y esperanzador momento unieron sus voces los contrarios civilizados, el que había sido gobernador civil de Barcelona y Lluís Companys, que vitoreó la España ofrecida por el primero. La escena se repitió el 9 de septiembre en el hemiciclo nada más aprobarse el Estatut. En esta ocasión Companys exclamó «¡Viva nuestra España!»; acto seguido fue coreado por los demás diputados catalanes con un «¡Viva nuestra Catalunya!». Cristalizó aquel día la sincronía entre los anhelos de Catalunya y los de España después de 15 meses de debate a partir del Estatut de Núria, refrendado por el 99% de los votantes. Aunque de los 52 artículos del texto refrendado solo quedaron 18 en el que finalmente aprobaron las Cortes y su definición como «Estado autónomo» fue modificada por la de «región autónoma dentro de la España integral», el acuerdo fue posible y entusiásticamente asumido por el pueblo catalán.
Había habido un precedente de entendimiento digno de encomio. El 14 de abril de 1931, Francesc Macià proclamó la República Catalana, pero el Gobierno provisional no respondió con virulencia sino mandándole a tres ministros, Domingo, D’Olwer y De los Ríos, para dialogar. A los tres días llegaron al acuerdo de retirar la declaración unilateral a cambio de la reimplantación de la Generalitat y del compromiso de elaborar el citado Estatut. Salvando todas las distancias, podemos evocar el encuentro entre Suárez y Tarradellas, que permitió afrontar el tramo de la Transición hacia la Constitución de 1978 en sana concordia con Catalunya.
Pero también podemos establecer paralelismos históricos de signo opuesto y fatalmente negativos para España y para Catalunya. En 1932 y en 2006 las derechas reaccionarias desplegaron una bestial campaña de boicot a los productos catalanes, se manifestaron iracundos lanzando tremebundas premoniciones sobre la disolución de la patria y el fin de España. Entonces y después recurrieron a las más altas instancias judiciales para tumbar los estatutos correspondientes de cada época; en cuanto tuvieron el poder emplearon la fuerza y suspendieron la autonomía. En nuestro tiempo, dejaron pudrir el ‘procés’ hasta la mascarada del 1-O e intervenir desproporcionadamente, compartiendo el ridículo que, de otro modo, habrían soportado exclusivamente los promotores del estrafalario referéndum; jalearon a los jueces para que les condenasen por rebelión y mantengamos los dedos cruzados no vaya a ser que la justicia europea le dé otro revolcón a la española enmendando las penas por sedición.
En suma, son las derechas que prefieren vencer a convencer, imponer la unidad por la fuerza a lograrla por el respeto mutuo y la justicia, quienes han engendrado siempre la espiral entre desafíos soberanistas y reacciones autoritarias.
Ahora ya están vertiendo fangos el presidente del CGPJ, la sala segunda del Supremo y las derechas que azuzan la rabia anticatalana recogiendo firmas y volverán a bramar desde la plaza de Colón. Para que no falte nadie, también embarran algunos barones y jarrones chinos del PSOE. A todos hay que demostrarles la suerte que tienen porque los demás no sean como ellos. Pero que no se responda de la misma manera no puede suponer que se dé la callada por respuesta. Sin dejarse enredar con ditirambos leguleyos, pues quienes mejor saben que no es cuestión jurídica sino política son los propios magistrados que, para contravenir la concesión de los indultos, se han tenido que extralimitar políticamente en sus juicios, no estaría de más hacer un somero recordatorio de los indultos concedidos por los sucesivos gobiernos democráticos. Aunque lo más urgente y constructivo es que el Gobierno de coalición y los partidos que los sustentan, así como las organizaciones sociales y sindicales, desplieguen toda la pedagogía política, que no han desgranado hasta el momento, para convencer a las mayorías sociales, de Catalunya y del resto de España, de que indultar a los políticos presos catalanes es un jalón en el único camino provechoso para todos: el del diálogo.