La flojera de España
O iniciamos inmediatamente una etapa de frenética actividad legislativa para rellenar los descomunales huecos de nuestro ordenamiento jurídico o seguiremos descendiendo por la dramática escalera de los desprestigios, motivados por la falta de recursos legales para que hagan su trabajo quienes hemos elegido para gobernarnos. Esos déficits e imprevisiones son los que derivan en la necesidad de que sean los jueces, ¡ay los discutidos y discutibles jueces españoles!, quienes tengan que decidir continuamente sobre cosas que impropiamente recaen sobre ellos. Ese es el dilema, esa es la urgencia.
Por falta de adecuación y precisión de las leyes existentes nos estamos acostumbrando a cosas tan desconcertantes como que puedan salir de rositas las autonomías que han decidido desobedecer al Gobierno sobre las últimas decisiones sanitarias, adoptadas, por cierto, tras debatirse en el Consejo Interterritorial. Por lo que hemos visto allí, votar en contra de una resolución faculta luego para desobedecerla. Ese consejo, sobrevenido e improvisado por no haberse creado todavía el Senado/Cámara Autonómica que tanto se ha solicitado, al parecer carece del respaldo legal para ser operativo. De hecho eso lo reconoce hasta el propio Gobierno, que ante las desobediencias ha dado marcha atrás a lo solemnemente ordenado.
Nuestro último conflicto es sobre la vacunación de quienes se desplazan a otras autonomías por las vacaciones. Allí recibirán o no la segunda inyección según el deseo de esos territorios, pues no han podido adoptarse medidas generales. Un caos. Entiéndanme: no estoy a favor del regreso al centralismo sino a que se regle correctamente, de una vez, nuestro modelo autonómico. Sobre las vacunas en vacaciones podría establecerse, legal y democráticamente, que lo decidan en todos los casos las autonomías, pero ni siquiera se está pudiendo fijar esa norma. Estas indefiniciones grotescas nos tienen hartos. ¿Se puede vacunar a los futbolistas de la selección? Temas banales como ese provocan grandes debates estériles. Pero cuestiones mucho más serias también: ¿puede actuar el Gobierno contra los despidos abusivos de la banca? o ¿tiene capacidad para frenar el atraco tarifario en la energía eléctrica?
La oposición enreda con estas imprevisiones pensando que proyectan una imagen de Pedro Sánchez débil que les conviene, pero la realidad es que la flojera es de la operatividad del Estado. La actual oposición también la pagará cuando mande. Porque es el Estado lo que tenemos mal estructurado por falta de unas leyes mejores. Eso lo ha posibilitado no solo la corrupción generalizada sino problemas todavía más graves. Pienso en el presunto uso por parte de Jorge Fernández Díaz y María Dolores de Cospedal de la policía, para que cometiese delitos a su favor. Y no en el pasado, sino prácticamente anteayer, cuando Pablo Casado ya formaba parte de la dirección del PP. La actual mayoría parlamentaria progresista, insisto, debe abrir una urgente etapa legislativa reformista. Sin ella no saldremos de este sucio agujero.
La actual mayoría parlamentaria progresista debe abrir una urgente etapa legislativa reformista. Sin ella no saldremos de este sucio agujero