Una desescalada de consenso
Desde el decaimiento del estado de alarma y, en consecuencia, con la llegada de una nueva gestión autonómica de la desescalada, se han reproducido las desavenencias en el seno del Consejo Interterritorial de Sanidad, con un rifirrafe habitual entre el Gobierno central y el de las comunidades. El último ejemplo es el de hace una semana, en la penúltima reunión conjunta en la que el Ejecutivo decidió imponer determinadas restricciones, a nivel global, en los horarios del ocio nocturno y de la reapertura de bares musicales y discotecas. El Gobierno insistió en que eran de obligado cumplimiento, algo que territorios como Madrid y el País Vasco rechazaron de pleno. Ante las críticas a la uniformización de las normas en toda España, basadas en que la pretensión del Gobierno se inmiscuía en decisiones de competencia autonómica y que no tenía en cuenta las diferencias entre comunidades autónomas y su mayor o menor dependencia del turismo y la restauración, el Ministerio de Sanidad ha decidido rectificar y reconducir la situación. En el Consejo Interterritorial de ayer se pasó del criterio unificador a una solución acordada, teniendo presentes las asimetrías y las características de cada comunidad. La hoja de ruta aprobada por consenso (aunque Euskadi no participó en la discusión ni en la votación) convierte las limitaciones a la apertura de las discotecas y la celebración de actos masivos en meras recomendaciones. Las restricciones, por supuesto, están supeditadas a una revisión y flexibilización acorde con la evolución de los parámetros sanitarios, pero, en cualquier caso, lo que esta resolución intenta evitar es una judicialización de las normas en función de criterios dispersos de los tribunales.
La combinación de una cierta homogeneidad nacional en el diseño de la nueva normalidad y de la asunción de responsabilidades autonómicas para dar respuesta a cada caso concreto, adaptado a la realidad de un país diverso, es complicada, pero necesaria e imprescindible. Para que el sistema de gobernanza sea satisfactorio, cabe, por un lado, exigir lealtad institucional, y por el otro, tener en cuenta la configuración del Estado y las competencias de cada administración, así como respetar la pluralidad. Ni imponer desde el centralismo ni afrontar el problema con prejuicios políticos que pueden dinamitar una salida pactada.
Quedan en el tintero muchos otros asuntos, más allá del ocio nocturno. La posibilidad de vacunar en comunidades distintas a la de origen en el periodo estival, por ejemplo, y el diseño de las campañas de vacunación entre los más jóvenes. Situaciones que requieren espacios de encuentro que, al fin, representarán beneficios para toda la ciudadanía.
Sanidad da marcha atrás en las imposiciones sobre el ocio nocturno y persigue el acuerdo con las comunidades autónomas, una vía más justa y eficaz