Protestas contra la impugnación de la ley de alquileres

El Gobierno central aprobará el martes un recurso ante el Constitucional, que se basará en el dictamen del Consell de Garanties Estatutàries.

«Ni hacen ni dejan hacer», claman los impulsores de la ley catalana que pone coto a los alquileres abusivos. La intención del Gobierno de recurrir ante el Tribunal Constitucional (TC) la norma que fue aprobada en septiembre en el Parlament ha provocado la movilización del Sindicato de Inquilinos y otras entidades organizadas para garantizar el derecho a la vivienda, así como de los partidos que la sacaron adelante –ERC, Junts, CUP y ‘comuns’– que se manifestarán el lunes ante la sede del PSC en Barcelona. La impugnación será aprobada en el Consejo de Ministros que se celebrará el martes próximo, y en cuanto quede registrada se procederá a la suspensión inmediata.

El TC ya admitió a trámite en enero el recurso de inconstitucionalidad del PP, pero la maniobra del Gobierno obliga a suspender la norma de forma automática. La coalición del PSOE y Podemos lleva meses intentando sin éxito alcanzar un acuerdo para aprobar una norma estatal sobre los alquileres, pero no ha avanzado y el Ejecutivo se queda sin tiempo porque el margen para recurrir finaliza el 21 de junio.

Mientras, desde la Moncloa el mensaje es el de que el recurso contra la ley catalana de alquiler ya no tiene vuelta atrás. Rechazan, sin embargo, que la impugnación se deba a motivos ideológicos, o a un deseo de limitar sin más la capacidad de acción de la Generalitat. De hecho, las mismas fuentes explican que el recurso se basará en su mayor parte en el dictamen del Consell de Garanties Estatutàries.

En agosto del pasado año, a raíz de una petición del PP y Ciutadans, el organismo que vela porque las normas del Parlament se ajusten al Estatut y la Constitución emitió un informe contra la norma catalana, que fija topes en los alquileres. Por unanimidad, el dictamen, que no es vinculante, concluyó que una buena parte de su contenido era incompatible con ambas leyes fundamentales. Lo que hará ahora el Gobierno central es calcar prácticamente ese escrito para argumentar ante el TC que la norma, que con la misma presentación del recurso quedará suspendida, debe ser declarada nula.

Al mismo tiempo, continúan las negociaciones entre el PSOE y Unidas Podemos para alumbrar una norma estatal sobre los alquileres. Si fuese aprobada, sustituiría a la ley catalana. Pero nada, según fuentes de la parte socialista de la coalición, hace prever que el acuerdo vaya a ser inminente. Las posiciones siguen enconadas, con Podemos siendo partidario de limitar los precios y el PSOE rechazando una medida de este tipo.