Ultimátum de Bruselas a Polonia para que acate los fallos del Tribunal de la UE
La Comisión da a Varsovia hasta el próximo 16 de agosto para rectificar y le amenaza con multas El informe sobre el Estado de derecho en la Unión alerta de retrocesos democráticos Órgano bloqueado
A Bruselas se le terminado la paciencia con Polonia. La Comisión Europea ha vuelto a escribir al Gobierno polaco pidiéndole que cumpla con la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE), que reclamó la semana pasada la suspensión inmediata del régimen disciplinario del Supremo por considerar que no se ajusta al derecho europeo, una sentencia que el Constitucional polaco no acata. Varsovia tiene hasta el 16 de agosto para rectificar.
«Hemos pedido a Polonia que confirme a la Comisión que cumplirá con la decisión del tribunal del 14 de julio sobre la sala disciplinaria. Polonia debe informarnos sobre las medidas previstas a tal efecto antes del 16 de agosto», explicaron la vicepresidenta Vera Jourova y el comisario de Justicia, Didier Reynders. «Si no se puede ejecutar debidamente el fallo del TJUE pediremos sanciones financieras», añadieron sobre una sanción que debería confirmar la justicia europea.
El aviso coincide con la publicación del segundo informe sobre el Estado de derecho en la UE que vuelve a alertar de problemas respecto a la independencia judicial en países como Polonia o Hungría. Según Bruselas, prácticamente todos los estados miembros están llevando a cabo reformas del sistema judicial, aunque el calado de las mismas, la forma y los progresos varían. Algunos países de la UE han dado pasos o están tomando medidas para reforzar la independencia judicial, el nombramiento de jueces o la autonomía de las fiscalías. Otros, sin embargo, han continuado con reformas que reducen las salvaguardas sobre la independencia judicial planteando preocupaciones o agravando las existentes sobre la influencia del poder ejecutivo y legislativo en el funcionamiento del sistema judicial.
Déficits jurídicos
Es el caso de Polonia donde las reformas, según alerta la Comisión, siguen siendo fuente de gran preocupación. Pero también de Hungría –donde la dirección de los cambios es negativa y apunta a una reducción de las salvaguardas–, Bulgaria, Eslovaquia, Croacia, Eslovenia, así como España, donde la renovación del CGPJ sigue bloqueada, lo que prolonga la preocupación de que pueda ser percibido como vulnerable a la politización, o Lituania, donde el presidente del Supremo también permanece ad interim desde 2019.
Bruselas va incluso más lejos y alerta de que en algunos estados miembros los ataques políticos y los intentos de socavar a los jueces e instituciones judiciales ponen en peligro todavía más la independencia judicial. Por ejemplo, no hay cambios en Polonia, donde la doble función del ministro de Justicia, que también es fiscal general, es motivo de preocupación. En cuanto a Hungría, si bien la independencia de la fiscalía está consagrada en la ley, no hay cambios, según Bruselas, sobre algunos aspectos de la fiscalía que no cuentan con suficientes garantías contra la influencia política.
El análisis sobre el Estado de derecho arroja un balance agridulce. Destaca que hay 10 países de la UE entre los 20 primeros del mundo que se perciben como menos corruptos y varios están adoptando o revisando sus estrategias en los marcos relativos a la integridad, los conflictos de interés, la transparencia en los grupos de presión o las puertas giratorias. Sin embargo, el Ejecutivo comunitario reconoce que persisten desafíos importantes en este terreno. En particular, relacionados con las investigaciones penales, los enjuiciamientos y la aplicación de sanciones por corrupción en algunos estados miembros.
Además, los recursos asignados a la lucha contra la corrupción no siempre son adecuados en algunos países europeos, en otros genera preocupación la eficacia de las investigaciones, los procedimientos judiciales o la adjudicación de casos de corrupción de altos cargos, mientras que el covid-19 ha ralentizado las reformas y las decisiones en algunos países.
Se alerta de que en algunos estados los ataques políticos ponen en peligro la independencia judicial