Primera anulación de una multa impuesta por saltarse el confinamiento

Nada más publicarse en el Boletín Oficial del Estado (BOE) la sentencia del Tribunal Constitucional (TC) que declara inconstitucional el confinamiento establecido por el Gobierno de Pedro Sánchez durante el primer estado de alarma, el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 11 de Madrid ha procedido a anular la sanción de 601 euros que impuso el ayuntamiento de la capital a una menor de edad por haber incumplido la orden de permanecer en el domicilio durante el confinamiento en la lucha contra el coronavirus.

La anulación, primera decisión judicial que se conoce en este sentido, se basa en que si la sanción se impuso por una norma que ahora ha sido declarada ilegal, por haberse acordado por el estado de alarma y no el de excepción, debe dejarse sin efecto, tal y como adelantaba la propia sentencia del alto tribunal en el apartado en el que establecía el efecto de la decisión acordada.

El juzgado recuerda que las sentencias recaídas en procedimientos de inconstitucionalidad vinculan a todos los poderes públicos, entre los que están los tribunales, y producen efectos generales desde la fecha de su publicación en el BOE. La decisión de inconstitucionalidad tiene efectos retrospectivos en cuanto invalida desde su mismo origen la norma que ha sido declarada ilegal por vulnerar la Carta Magna.

Sin cobertura

«La sentencia de inconstitucionalidad –dice la resolución del juzgado– debe recibir aplicación incluso para actos y situaciones jurídicas anteriores en el tiempo a la publicación de la sentencia constitucional, y todo ello porque un acto administrativo (la sanción) dictado al amparo de una ley inconstitucional no habría tenido cobertura en ningún momento, porque la que presuntamente le proporcionaba la ley anulada era una cobertura aparente y no una cobertura real».