Clamor para que se amplíe la moratoria antidesahucios
Las entidades sociales y el Govern reclaman que la medida que impide desalojar a víctimas de la pandemia se prorrogue más allá del 9 de agosto.
El próximo 9 de agosto vence la moratoria del Ejecutivo central que impide la ejecución de desahucios que afectan a familias que no pueden pagar su vivienda y no tienen ninguna alternativa donde instalarse. «Hemos recibido un silencio omiso y preocupante por el que dice ser el Gobierno más progresista de la historia», se queja Lucía Delgado, portavoz de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH) en Barcelona, que reclama ampliar la moratoria de forma urgente. La preocupación se extiende también a muchas entidades sociales y hasta al Govern de la Generalitat, que está rebuscando fondos de urgencia ante la previsible avalancha de expulsiones si no se amplía la medida. Las entidades alertan: «¿Qué más tiene que pasar para que se den cuenta de la extrema situación que estamos viviendo?»
Durante el primer trimestre de 2021, en Catalunya hubo más de 5.000 desahucios, una gran cantidad de ellos de familias que no podían seguir haciendo frente al pago del alquiler. Pero antes de la pandemia las cifras superaban los 20.000. «Aunque sea un mecanismo insuficiente, es un mecanismo que está protegiendo a muchas familias vulnerables. Si no se amplía, se mandará a la calle a miles de personas», se queja Delgado. La PAH convocó manifestaciones ayer y el lunes en una veintena de ciudades de toda España.
Los activistas piden sobre todo que se aumente la cobertura en meses, pero también en tipos de casos. «Hay personas vulnerables sin hijos a cargo que temen que el fin de la moratoria las deje fuera. Y jueces que no hacen caso de los informes de vulnerabilidad que presentan los servicios sociales», subraya Delgado. Como ejemplo recuerda al hombre que se suicidó en Sants el pasado junio.
Cifras dramáticas
«¿Cuánto más sufrimiento tienen que acumular las familias para que nuestros gobernantes se den cuenta de que este drama tiene que parar?», se pregunta la presidenta de la Taula d’Entitats del Tercer Sector, Francina Alsina. Según la mesa, durante el primer trimestre de 2021 se han tramitado 2.400 peticiones de desahucios en Catalunya, el 10% más que el año anterior, cuando aún no había estallado la pandemia de coronavirus. «Estamos con unas cifras de pobreza histórica, la situación es gravísima y, si no hay moratoria y una nueva ley de vivienda en España, estas familias acabarán en la calle en septiembre», recalca.
La PAH calcula que, solo en Catalunya, 26.000 familias pobres pueden quedarse sin casa en menos de dos meses. «El impacto de la pandemia de covid ha sido gravísimo, hay familias sin trabajo, sin ingresos, que no llegan a final de mes. Y los servicios sociales están colapsados. Habiendo toque de queda, es impensable que no se aplique la moratoria», se queja Carolina Pallàs, coordinadora del grupo de trabajo de vivienda de la federación Entitats Catalanes d’Acció Social (ECAS) y responsable de la entidad Prohabitatge. «Constantemente recibimos mensajes de familias que están desesperadas, que han perdido su vivienda, han acabado en una habitación y ahora no pueden seguir pagándola», detalla.
Pallàs reclama que, más allá de la moratoria, se apliquen medidas preventivas para ayudar a pagar alquileres, antes de que llegue el desahucio, aunque también exige, como tantos movimientos sociales, una ley estatal de vivienda que frene los precios abusivos, acabe con la especulación inmobiliaria y garantice un realojo social. El horizonte del 9 de agosto es inquietante. La Conselleria de Drets Socials prepara un plan de medidas para que, si sobreviene una ola de desahucios, cuente con mecanismos para frenarla. «Dentro y fuera del Govern, la preocupación es máxima. Esto ya es insostenible», remacha Alsina.
La PAH calcula que 26.000 familias se pueden quedar sin casa en Catalunya en solo dos meses