Los puntos clave de la nueva normativa
La ley de memoria democrática echa a andar después de varios años de trabajos. Tras la aprobación por el Consejo de Ministros, el anteproyecto de ley tendrá que superar después su tramitación parlamentaria.
1
La Fundación Francisco Franco será ilegalizada, como todas aquellas entidades «que hagan «apología del franquismo con menosprecio y humillación de la dignidad de las víctimas de la guerra o del franquismo».
2
Se establece el «carácter radicalmente nulo de todas las condenas» durante la dictadura y la «ilegitimidad» de sus tribunales. Así pues, queda anulado el juicio que acabó en el fusilamiento de Lluís Companys.
3
Se creará un fiscal de sala que se encargará de la investigación de los hechos que «constituyan violaciones de Derecho Internacional y de los derechos humanos» y de impulsar procesos de búsqueda de víctimas.
4
El régimen sancionador fija multas de 200 a 150.000 euros según la gravedad. La convocatoria de actos que exalten la dictadura con «descrédito, menosprecio o humillación de las víctimas» será falta muy grave.
5
El Gobierno pretende fijar dos días de conmemoración de las víctimas: el 8 de mayo para recordar a los exiliados y el 31 de octubre para honrar a los fallecidos.
6
Se «resignificará» el Valle de los Caídos y se convertirá un cementerio civil en el que estarán prohibidos «actos de naturaleza política» y de exaltación del franquismo. Se exhumará de José Antonio Primo de Rivera.
7
La búsqueda de personas desaparecidas durante la guerra civil y la dictadura corresponderá al Estado, y no a las entidades memorialistas. Estará obligado a actuar de oficio ante una reclamación de búsqueda de víctimas.
8
El Gobierno podrá retirar «reconocimientos, honores y distinciones» que comporten exaltación o enaltecimiento del franquismo o que fuera concedidas por la dictadura.
9
Podrán solicitar la nacionalidad española los voluntarios que formaron parte de las Brigadas Internacionales y los hijos y nietos de españoles que tuvieron que exiliarse y que perdieron la nacionalidad.
10
Un artículo la obligación de las administraciones de reconocer «el papel activo de las mujeres en la vida intelectual y política, en la promoción, avance y defensa de los valores democráticos y de los derechos fundamentales».