Blindada ante revisionismos la ley de memoria
El Gobierno aprueba el anteproyecto que comienza por exhumar a José Antonio
Cuando el ministro de la Presidencia, Félix Bolaños, dijo ayer que espera que las Cortes aprueben por unanimidad la nueva ley de memoria democrática expresaba solo eso, un deseo, pues no habían pasado ni 24 horas de que el líder del PP, Pablo Casado, no opusiera ni un argumento al escuchar en un acto público en Ávila al exministro Ignacio Camuñas culpar a la Segunda República del golpe y la guerra que la destruyeron en 1936.
Con la perspectiva de oposición que esa escena abulense permite prever, se abre el trámite parlamentario para la nueva ley de memoria democrática, que ayer el Ejecutivo aprobó en segunda vuelta con algunos cambios sobre su borrador de septiembre. Entre ellos, más homenaje a la aportación y el dolor de la mujer en la lucha contra la el régimen totalitario y una ampliación de la consideración de víctimas del franquismo a todos los que sufrieron la coerción violenta de la dictadura, sindicalistas y militares demócratas de los 70 incluidos.
El Consejo de Ministros vistió ayer de gala la que considera una ley señera de la legislatura, marca ideológica, acomodación al estándar europeo, «a las recomendaciones de organismos internacionales» y a lo repetidamente aconsejado por el relator de la ONU Pablo de Greiff. «Es una ley necesaria, que nos hace mejores como país», dijo el ministro Bolaños.
Reticencias de los socios
Pero la norma, pese a ser una de las joyas de la corona del PSOE, no convence todavía a sus coaligados. Los morados llevaban meses criticando que el articulado no cumple sus peticiones, y ayer volvieron a insistir en que se trata de un texto insuficiente. La secretaria general de Podemos y ministra de Derechos Sociales, Ione Belarra, admitió a través de Twitter que es una iniciativa «fundamental», pero que se «debe mejorar» en su trámite de enmiendas. E igualmente la coportavoz de Unidas Podemos en el Congreso, Aina Vidal, tildó de «positiva» la propuesta del PSOE, aunque dejó claro que es «claramente insuficiente». Según explicó, su intención es que la norma reconozca el derecho de los represaliados por el franquismo a recibir compensaciones económicas.
Pero ese derecho, para Bolaños ya ha sido reconocido. Desde la Transición el Estado ha repartido 21.000 millones de euros a 608.000 represaliados, según datos que difundió al presentar una ley «que no genera un derecho adicional económico».
Otros socios del Ejecutivo también mostraron descontento con una ley que se comenzó a cocinar en 2015 en el Grupo Federal de Memoria del PSOE, siendo Pedro Sánchez todavía candidato a gobernar España, que mandó redactar Carmen Calvo en la vicepresidencia política, cuya exposición de motivos pergeñaron los expertos en pleno confinamiento por la pandemia de covid-10 y que ha acabado presentando Bolaños al suceder a Calvo al frente de la cartera de Presidencia.
El portavoz de ERC, Gabriel Rufián, señaló que el texto «se queda muy corto» en lo relativo a la memoria restaurativa, y el diputado de la CUP Albert Botran criticó que la norma «está muy por debajo de lo que sería una memoria antifascista y democrática». Ambos dirigentes señalaron la necesidad de enmendar el articulado en su tramitación parlamentaria. El dirigente de Compromís Joan Baldoví dijo que la ley es «más necesaria que nunca» para que «no se pueda volver a poner en entredicho lo que es un golpe de Estado».
Baldoví aludía a las palabras del exministro popular Ignacio Camuñas negando que el 18 de julio de 1936 se hubiera producido un golpe de Estado y culpando a la Segunda República de la asonada. El PP evitó todo el día de ayer referirse a ese discurso revisionistanegacionista, pero cargó contra la ley de memoria democrática. La portavoz parlamentaria de los conservadores, Cuca Gamarra, acusó a Sánchez de estar centrado en «mirar atrás» pese a los «muchos problemas» que tiene el país hoy. Según dijo, el Gobierno solo busca «mirar al pasado, enfrentar y dividir a los españoles» y «reescribir la historia».
En su tónica habitual, Vox anunció que recurrirá la norma ante el Tribunal Constitucional (TC), pese a que quedan meses por delante hasta su aprobación. El portavoz de la formación de extrema derecha en el Congreso, Iván Espinosa de los Monteros, calificó la iniciativa de «atropello a la libertad» que persigue a «todo aquello que no concuerde con el consenso progre».
Los populares, por su parte, ya han avisado de que si gobiernan sustituirán la nueva norma por una ley de concordia. Pero no han puntualizado si con ello acabarían con dos de las acciones con las que el Gobierno quiere dar inicio a la nueva ley: la exhumación y traslado de los restos de José Antonio Primo de Rivera y la creación de una fiscalía de sala que investigue crímenes del franquismo.
Espacio resignificado
Para lo primero, el Gobierno se pondrá en contacto con la familia Primo de Rivera, pero nunca antes de que la ley aparezca en el Boletín
Oficial del Estado (BOE). Fuentes del Ejecutivo no se muestran en contra de que el cadáver del fundador de la Falange siga en un Valle de los Caídos ya resignificado, siempre y cuando no permanezca en un lugar preeminente.
Para lo segundo hay mucho campo. Todavía quedan entre 20.000 y 25.000 cuerpos localizables y rescatables en fosas comunes, según calculan fuentes del Gobierno. La Secretaría de Estado de Memoria Democrática ya ha puesto en marcha un plan de choque para exhumar 114 fosas, y un plan cuatrienal que en su primer año prevé la localización y apertura de otras 190. En la localización e identificación de sus ocupantes se implicará la fiscalía.
El fiscal de Memoria será nombrado por parte de la Fiscalía General del Estado como un fiscal de sala más y podrá elevar a la instancia que considere conveniente sus conclusiones.